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J. CERERO
GRANADA
Jueves, 12 de julio 2018, 12:35
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Alrededor de dos de cada tres coches que circulan cada día por las carreteras de la provincia de Granada tienen al diésel como fuente de combustible. Un total de 272.461, o lo que es lo mismo, el 61,9% del parque de vehículos de la provincia, según los últimos datos que pone a disposición pública la Dirección General de Tráfico (DGT), relativos al año 2016. Tras sufrir un aumento de los impuestos a este tipo de carburante justificado en su alto nivel de contaminación, aparecen aún más nubes negras sobre el futuro de casi dos tercios de los coches que circulan por Granada.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, una nueva cartera creada tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, aseguró ayer en unas declaraciones previa a su entrada al Congreso de los Diputados que «el diésel tiene los días contados». Por la misma razón por la que se aprobó la subida de impuestos a este combustible, que de media hará que cada granadino poseedor de un coche de este tipo se gaste al año unos 78 euros más en repostar, Ribera marcó como una de sus prioridades iniciar la senda para la eliminación del diésel. «Sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida», advirtió la titular de Transición Ecológica. Un informe publicado hace unos días aseguraba que los ciudadanos de la provincia granadina que tengan un coche diésel se dejarán este año en las gasolineras un total de 21,3 millones de euros más que antes de la entrada en vigor de la subida impositiva.
En la comparecencia que realizó ayer antes de la comisión del ramo en el Congreso, Ribera consideró que para afrontar un reto de esa envergadura hay que atacar el problema desde diferentes ángulos. Junto a señales de tipo regulatorio y limitador, dijo, habría que acompañar con «facilidades que permitan ir cambiando el patrón que aplicamos a la hora de comprar un vehículo privado» también. Ante la pregunta de qué le diría ahora a quien se acaba de comprar un automóvil que utiliza este tipo de carburante, Teresa Ribera contestó que no se puede culpabilizar a esa persona, porque la labor del Gobierno es la de ofrecer «señales» o incentivos fiscales y de mercado que permitan discriminar sin tener que hacer un «análisis profundísimo».
La ministra también recalcó, sin embargo, que buena parte de los compradores de coches en 2018 son a estas alturas conscientes «en gran medidas» de los efectos que el combustible diésel tiene sobre la calidad del aire, especialmente en las ciudades. La capital granadina, por ejemplo, no cumple con los niveles exigidos por las directivas europeas en este sentido.
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