Las familias que no pagan el alquiler se duplican desde la crisis

Las familias que no pagan el alquiler se duplican desde la crisis

Las familias morosas de la provincia adeudan a sus caseros un importe medio mensual de 477 euros

JUANJO CERERO y ANTONIO SÁNCHEZ

Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, después de que las viviendas alcanzasen precios que, en retrospectiva, eran para frotarse los ojos, muchas personas volvieron a considerar el alquiler como una opción viable para vivir. Este incremento de inquilinos, unido a la mala situación económica que vivió el país durante más de un lustro, ha provocado que, con respecto al último año previo a la crisis, 2007, el número de familias morosas por no pagar el alquiler en Granada se haya más que duplicado en solo una década. En concreto, el incremento registrado en esos diez años es del 237%. A pesar de ello, no está entre los más altos de Andalucía ni de España, donde es difícil encontrar excepciones a una situación que se ha repetido de similar manera por todos los rincones del territorio nacional.

Así lo constatan los datos de la ultima edición del 'estudio sobre la morosidad en arrendamientos urbanos', que hizo públicos el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), una entidad que conforman diversos actores del sector inmobiliario en España que registra y controla esta información desde hace dos lustros.

Menos nuevos casos

Los datos más recientes, relativos a 2017, muestran una tendencia interesante en el caso de Granada:?con la mejora de la situación económica, el número de situaciones de impago de alquiler, que había crecido de manera muy significativa durante los peores años de la crisis, se ha estabilizado. De hecho, en 2017 una tendencia que duraba diez años, toda la serie temporal que abarca este estudio, se rompió por primera vez en Granada, y el número de casos de impago de alquiler bajó con respecto a doce meses antes. El descenso es apenas perceptible, del 0,33%, pero su valor reside más bien en resultar un indicador de tendencia en la moderación de la aparición de nuevos casos de morosidad en los alquileres.

Se ha producido una importante fuga de arrendatarios hacia el mercado del apartamento turístico F. I. M.

El caso de Granada, junto al de Córdoba, supone la excepción a la regla: solo en estas dos provincias el índice de morosidad en arrendamientos descendió en 2017 en el contexto andaluz. También son rara avis en el conjunto de España: solo se registró un descenso de este indicador en diez de las 52 provincias españolas. El Fichero de Inquilinos Morosos tiene claro que la causa que motiva que en Granada se produzca este descenso está motivado por la 'fuga' de arrendatarios hacia los pisos de alquiler turístico, que permite unos más cortos, pero más seguros, a diferencia de lo que ocurre con los alquileres tradicionales. Las cifras reflejan que la variación de la morosidad registrada toda la comunidad andaluza ha sido motivada principalmente por el crecimiento del mercado del alquiler en determinadas provincias como Almería (12,91%) y Sevilla (10,91%), por tratarse de regiones que experimentan un acusado crecimiento del mercado del alquiler.

5.729 euros

En lo que concierne al dinero que deben las familias que dejan su alquiler sin pagar, la cantidad media alcanzó en 2017 los 5.729,52€ anuales en el caso de Granada. Esto supone una 'letra' mensual de unos 477 euros, un 6% por encima del promedio andaluz. Almería, Sevilla y Málaga superaron a la provincia granadina en cuanto a la cantidad adeudada. Son estas tres regiones, además, donde más aumentó el número de casos de impago de alquiler en la pasada década; destaca en especial el caso de Málaga por ser indicativo de una situación de creciente desigualdad: se ha cuadruplicado la incidencia de esta problemática a raíz de la crisis a pesar de ser la región andaluza que mejor y más rápido está saliendo de la crisis en lo que respecta a un buen número de indicadores económicos y financieros.

Granada, aparte, no es un lugar de España en el que sea sencillo mantener un alquiler. El Instituto Nacional de Estadística (INE) detalla que la carga que hace la población andaluza –y en consecuencia la granadina– para mantener un alquiler es la más alta de todo el país. Mientras que en la Comunidad de Madrid lo que se paga de alquiler a lo largo de un año supone un 11,8% del total de la renta disponible a lo largo de doce meses, en Andalucía este valor asciende hasta el 15,8%. Esto se debe en gran parte a que el valor de los alquileres en la comunidad está por encima del valor que debería reflejar y que se muestra en otras comunidades con una renta media similar a la andaluza como Extremadura o Comunitat Valenciana, en donde se pagan anualmente entre 350 y 400 euros menos al año por mantener un alquiler.

Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad de Fichero de Inquilinos Morosos, considera necesario que antes de que se produzca la formalización de un contrato el casero «tome medidas preventivas, para tener conocimiento de qué tipo de inquilino se ha interesado por la vivienda» y apela a la «utilización de herramientas que ayudan a cerrar el cerco a los inquilinos morosos».

La recomendación de la Junta de Andalucía con respecto al alquiler es que el coste mensual de la vivienda no sobrepase el 50% de los ingresos netos mensuales. Para ello, explica la administración, existen herramientas de apoyo como las ayudas al alquiler para personas con ingresos limitados. La administración, ademas, trata de favorecer el acceso al parque de viviendas disponibles sin habitar gracias a medidas fiscales, tanto para inquilinos –por ejemplo se puede abaratar un 15% el coste del alquiler si se tiene menos de 35 años– como propietarios –exentos de IVA–, destinadas a propiciar el alquiler de inmuebles deshabitados.

La fianza, «garantía» para el cumplimiento de los contratos

Entre las recomendaciones que la Junta de Andalucía realiza a los caseros de los inmuebles se recuerda la obligatoriedad de cobrar una fianza a los inquilinos, que al final se convierte en «la garantía de que el contrato de alquiler acaba cumpliéndose». Para realizar este ingreso se dispone de un mes desde la creación del contrato y si éste se efectúa después de tres, seis o doce se deberá aplicar un recargo por el mismo del 5%, 10% ó 15%, respectivamente. Además, cada tres años el casero deberá exigir a su inquilinos la normalización de la fianza, para que ésta sea igual a una o dos mensualidades de renta.

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