SGAE, la guerra que no cesa

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón./Emilio Naranjo / EFE
El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón. / Emilio Naranjo / EFE

Fracturada y con su presidente más que cuestionado, la entidad afronta la amenaza de retirada de las grandes editoras musicales

Miguel Lorenci
MIGUEL LORENCIMadrid

Ante una guerra intestina que no cesa, las siglas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) destellan en la agenda del ministro de Cultura, José Guirao. «Estamos más que vigilantes y preocupados», reconocen desde su departamento ante los episodios que se suceden en el palacio de Longoria, sede de la controvertida entidad. Sumida desde hace años en un torbellino de escándalos y corruptelas, la SGAE ve de nuevo su futuro en la picota. Ahora por la amenaza de abandono de las grandes editoras musicales, la contestada gestión de su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, a quien acusó de preparar un 'madurazo' la misma oposición que pide árnica a Cultura, y la reordenación del mercado de gestión de derechos que se abre a nuevos agentes y cambia las reglas de juego.

Si nada varía, el 1 de enero de 2019 cinco gigantes de la edición musical -las grandes 'majors' Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic- sacarán de la entidad su repertorio anglosajón. Así lo anunciaron en las cartas remitidas a la dirección de la SGAE en las que denuncian ser víctimas de «un reparto injusto».

La SGAE confirmó sin comentarios la recepción de unas misivas datadas el 29 de junio, respetando los seis meses de preaviso a los que obliga la ley para que las discográficas puedan poner su repertorio bajo gestión de otra entidad. Es el repertorio de primeras figuras como Bruce Springsteen, Rolling Stones, Celine Dion, Juanes, Lady Gaga, Radiohead, Buenavista Club Social, Jay-Z o David Foster, y que supondría el 40% de los derechos recaudado por la SGAE.

«El repertorio de estos y otros muchos artistas supone hasta el 85 o el 90% de lo que se escucha en las radios y televisiones españolas», apunta Rafael Aguilar, presidente de Peermusic para España, Portugal y Latinoamérica. Calcula que sus derechos editoriales supondrían para la SGAE una recaudación de 30 millones de euros y asegura que Sastrón es el gran problema. «Está cavando la tumba de la SGAE a sabiendas», denuncia reclamando la actuación «urgente» de Cultura «que no está ejerciendo su tutela».

En el juzgado

'La rueda'.
El juez investiga este fraude, por el que socios de la SGAE ingresaron millones de euros con la música de televisión.
Editores.
Tres editores fueron expulsados de la SGAE por conflicto de intereses, pero recurrieron.
'Caso Teddy Bautista'.
El fiscal pide siete años de cárcel para el expresidente de la SGAE por desvío de fondos.

Cada 'major' actúa por su cuenta, pero todas dieron al tiempo el mismo paso que busca un cambio de timón en la SGAE -la salida de Sastrón- que facilite la permanencia de unas multinacionales que amenazan con llevarse más adelante los derechos de emisión en radio y televisión de sus estrellas nacionales. «No queremos ser socios de un club que nos estafa y perjudica a nuestros autores. Ni seguir en una entidad sin justicia ni equidad», dice Aguilar, que pide un trato «justo y equitativo». «Podemos sacar los derechos o permanecer si la situación cambia, pero hoy por hoy la intención es salir», dice.

En el ojo del huracán esta 'La rueda', una práctica bajo la lupa judicial que envenena y divide a la casa entre quienes la hacen rodar y se forran y quienes le ponen palos. Logra desde hace años que la música que se ejecuta de madrugada en las teles genere mucho más dinero que la de figuras como Sabina o Alejandro Sanz. «Hay un fraude con los arreglos de partituras de dominio público. No se juega limpio y con una canción desconocida se gana hoy mucho más que con temas muy populares». «Es un clamor de muchos autores que ven bajar sus liquidaciones cuando suben las de desconocidos que están en 'La rueda'. Si la demencia continúa no descartamos analizar con los autores que nos vayamos en bloque con el repertorio nacional», advierte Aguilar.

Coincide en su juicio con Juan Ignacio Alonso, director General de Sony ATV. «Nuestros autores no pueden estar en un sito donde se esquilman sus derechos», dice. No «querría» irse de la SGAE, pero asegura que su obligación es «velar por los intereses de mis autores». Podrían hallar acomodo en entidades como SACEM, una sociedad francesa de gestión de derechos, o PRS (Performing Right Society), una de las más importantes del Reino Unido.

El origen de la crisis está en el Real Decreto aprobado en abril que adapta la legislación española a la directiva europea sobre gestión de derechos y obliga a modificar los estatutos de la SGAE. Una reordenación que «liberaliza el mercado con muchas comillas» -acota el Ministerio- y establece algunas excepciones. Compañías privadas con ánimo de lucro podrían competir con entidades como la SGAE -sin ánimo de lucro- por hacerse con la gestión de ciertos derechos. «Cambian las reglas de juego y será posible elegir qué derechos mantienes o retiras, y si a la SGAE se le quita el repertorio nacional e internacional, se quedará en nada: se acaba el monopolio», vaticina Aguilar. «No queremos hundirla. Defendemos a nuestros autores, pero si no recapacita, la SGAE se asoma al abismo y acabará cayendo», sostiene Aguilar.

Cultura precisa que sólo los derechos considerados como «de gestión colectiva obligatoria» -la difusión a través de la radio, por ejemplo- deben permanecer en las entidades existentes en el nuevo mercado. Las discográficas que amenazan con irse no podrían transferirlos a operadores privados y estarían obligadas a cederlos a entidades semejantes a la SGAE. «Estas actuaciones forman parte del mercado y no entramos a valorarlas. Confiamos en que la SGAE aplique todos los mecanismos oportunos para evitar que se vayan y que se atengan a la norma de un mercado libre», apuntan desde Cultura.

Elecciones adelantadas y sin posible 'madurazo'

El 15 de julio acaba el plazo dado por Cultura a la SGAE para culminar la reforma estatutaria, después de que en su última y belicosa asamblea del 21 de junio el 66% de los socios rechazara la modificación defendida por José Miguel Fernández Sastrón. Lejos de aplacar ánimos, Sastrón encendió a la oposición, que rechazó las cuentas, la gestión y su propuesta de reforma estatutaria, al entender que aspiraba sólo a reforzar su poder y facilitar su reelección y poder encadenar varios mandatos.

Presidente de la entidad desde el 20 de abril de 2016, Sastrón se negó a dimitir, como le reclamó la oposición en bloque. El próximo martes, en otra junta extraordinaria, propondrá una nueva reforma más técnica que no pueda ser acusada de «política» por la oposición y que se votaría de nuevo en una asamblea a finales de septiembre. Sastrón adelantaría además a octubre unas elecciones previstas para diciembre y que sometería a los estatutos vigentes, lo que impediría su reelección y desactivaría el 'madurazo' denunciado por los opositores.

Cultura espera que los nuevos estatutos de la SGAE «sean acordes a la ley». Confía en que se supere la confrontación y el enconamiento que evidenciaban las varias cartas remitidas al Ministerio en las últimas semanas denunciando la gestión de Sastrón, que no contestó a las llamadas de este periódico. Al menos 17 de los 39 miembros de la junta directiva reclaman una solución a la crisis que paraliza la entidad y piden al Ministerio que «adopte las medidas necesarias para encauzar esta gravísima situación». Creen que la solución pasa por el cese de Sastrón y «la remoción de los órganos de gobierno y representación, y su sustitución por una comisión gestora». El Ministerio, que vigila de cerca a la entidad, estudia «otras alternativas», pero advierte de que las demandas de la oposición «no se pueden cumplir». «La pelota está en el tejado de la SGAE para adaptar sus estatutos y creemos que hay que actuar con responsabilidad», plantean fuentes de Cultura.

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