Fernando Jáuregui: «Cuando no estamos gobernados por hombres de leyes, perdemos calidad democrática»

–Su libro es un alegato a favor de la solvencia de la abogacía.

–Es más el deseo de que los españoles estemos gobernados por juristas, por hombres de leyes, en lugar de por economistas, militares o políticos profesionales. Cuando estábamos gobernados por juristas nos iba mejor, y la historia de España es la historia de los juristas que la cambiaron y la han hecho evolucionar hacia formas más democráticas. Cuando dejamos de estar gobernados por hombres de leyes, perdemos calidad democrática.

–Tenemos una larga trayectoria de juristas de prestigio, desde la Escuela de Salamanca con el granadino Francisco Suárez, hasta nuestros días.

–Así es. Quizá en algún momento, también, hemos sido un país lleno de abogados. Pero una cosa son los abogados estereotipados y otra los juristas de altura que hemos tenido. El siglo XIX fue un siglo de oro de los juristas, y en el siglo XX, ellos estuvieron en primera línea de la lucha contra la dictadura de Franco. Y luego hicieron la Transición, y lo que vino después. Nunca les podremos reconocer bastante sus méritos.

–¿Qué papel ocuparon los juristas profranquistas en este contexto?

–Una posición de fuerza, sin talento. La falta de libertad nunca es talento. El talento jurídico debe servir para mejorar la vida de los ciudadanos, no para reprimirles. Era una violación continua de la equidad jurídica. Por eso, dedico mi libro a los abogados que querían cambiar este país. Los que no querían no tienen hueco en él.

–¿Quiénes fueron los pioneros de esa contestación al régimen franquista?

–Fueron un grupo de abogados, básicamente comunistas: Antonio Montesinos, Solé Barberá, María Luisa Suárez Roldán… Nombres muy bravíos. Gregorio Ortiz Ripoll, que fue brutalmente torturado en algún momento… Gente muy valiosa, porque oponerse al régimen salido de la guerra civil, en aquellos primeros años en los que se llevaba al paredón a cualquiera por cualquier motivo, sin juicio, tenía su valor. Hubo muchos más a lo largo de los años: Ruiz Giménez, cuando rompió con el régimen; Gil Robles, Jaime Miralles…

–¿Qué resquicios dejó el régimen franquista que permitieron a estos abogados armar sus defensas?

–Todo régimen dictatorial debe tener un trato delicado con los abogados, por la propia condición de estos: el secreto profesional, la libertad de actuación hacia su patrocinado… Sin estas prácticas, no habría abogacía. Al régimen no le quedó más remedio que dar unas ciertas dosis de libertad a los abogados. Los colegios de abogados fueron el primer lugar donde se pudieron hacer elecciones meridianamente libres, aunque en algunas ocasiones el Ministerio de Justicia de entonces intentara torpedearlas, como en 1970, cuando prohibió la candidatura de Tierno Galván, Ruiz Giménez y Gil Robles. Pero es cierto que tuvieron privilegios que no teníamos otros profesionales, como los periodistas.

–¿Hasta qué punto es clave en esta nueva arquitectura Pedrol Rius?

–Cuando Pedrol se convirtió en decano del colegio de Madrid y presidente de la Abogacía fue en los momentos incipientemente democráticos. El camino ya estaba pavimentado. Había habido una lucha previa del colegio. Lo que ocurrió es que Pedrol, de alguna manera, representaba la neutralidad, a la profesión por encima de cualquier consideración política. Pedrol era un tipo muy difícil, con un carácter peculiar, las tuvo tiesas con el régimen y fue capaz de plantarle cara a Franco en más de una ocasión, y eso debe quedar en su haber sin la menor duda.

–¿Cuál fue el momento más duro para la profesión? ¿Quizá los asesinatos de los abogados de Atocha…?

–Los asesinatos de Atocha me tocaron de cerca, porque, de hecho, algunos de ellos eran compañeros míos de clases. Fue un momento terrorífico, pero también fue el momento en que se abrió la posibilidad de legalizar al PCE. El Partido Comunista demostró, en ese momento, tener una organización interna fuerte, disciplinada, capaz de mantener un orden férreo en un día de indignación como aquel, cuando se podrían haber disparado muchos ánimos. Y a partir de ahí, empezaron a darse cuenta de que el PCE debía ser legalizado. La muerte de los cinco de Atocha no fue en balde.

–Los abogados que defendieron a miembros de ETA en el proceso de Burgos, ¿han sido comprendidos por la ciudadanía?

–Con el paso del tiempo quizá sí. Hubo momentos en que se les atacó con virulencia, e incluso a los del proceso 1001, que coincidieron en el tiempo. Ahora, han quedado como paladines de la democracia, porque defendieron a procesados en juicios sin la más mínima equidad. Luego, hay que tener en cuenta que en 1970, antes del histórico congreso de la Abogacía de León, los abogados se plantaron ante el Tribunal de Orden Público y se negaron a defender a sus clientes ante un tribunal de excepción, como era aquel. Fue otro momento clave.

–Fueron también juristas quienes desmontaron el régimen.

–Así fue. Y en apenas 11 meses, Suárez y sus juristas: Landelino Lavilla, Miguel Herrero, Juan Antonio Ortega... dieron la vuelta al Estado como un calcetín, cargándose una cantidad de leyes enorme. Y ese esfuerzo hay que tenerlo en cuenta, ahora que estamos necesitados de regeneración.

–Nuestra Constitución sería impensable sin la calidad de nuestros juristas.

–Y sin consenso. Si Fernando Abril y Alfonso Guerra, que no eran juristas, no hubieran desatascado el proceso, estos no habrían podido hacer su trabajo.

–Si de destierra a los juristas de los puestos clave, ¿no habrá segunda transición?

–La segunda transición solo será posible con un pacto transversal. Debemos hacer gobiernos que funcionen, que reformen, y para eso, de alguna manera, PSOE y PP deberán ponerse de acuerdo.

–No aparece Garzón en su libro.

–No, quizá sea un error mío. Es una figura polémica, pero tiene su sitio en esta historia, aunque no haya formado parte del cambio 'normalizado' a través de la legislación. Fue solución y problema, a la vez.

–¿Qué opina de las puertas giratorias en el caso de los juristas?

–Si alguien sale del Gobierno y ocupa un alto cargo como jurista en una empresa, no me parece mal, si ese alto cargo no es consecuencia de una decisión tomada a favor de dicha empresa cuando estaba en el Gobierno. Ha habido en fecha reciente algunos casos que no han cumplido esas premisas, y ello sí que me parece escandaloso, como ciertos 'lobismos' que se practican.