Cultura se harta de la SGAE y pide a la Audiencia Nacional la intervención de la entidad

En cualquier caso, y como última oportunidad, la amenaza queda a expensas de que la SGAE cumpla, antes de que se pronuncie la Audiencia Nacional, con los reiterados requerimientos que, desde septiembre, le ha efectuado el Ministerio de Cultura en tres puntos: que la entidad adaptase sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual, que renovase la Junta Directiva en unas elecciones con voto electrónico (para que pudieran acudir a los urnas los socios que no residan en Madrid) y que procediera al reparto de derechos recaudados de 2018 conforme a lo estipulado en la mencionada ley, teniendo en cuenta los diversos colegios que la componen. El primer plazo que dio el Ministerio concluyó el 27 de diciembre y el 1 de febrero José Guirao dio un ultimátum de 15 días que la SGAE tampoco ha atendido.

«El ministerio considera que el apercibimiento enviado el 27 de septiembre a esta entidad de gestión de derechos de autor no ha sido cumplido, transcurridos más de tres meses desde que fuera comunicado, y que concurren razones de urgencia para realizar esta solicitud al juez», reitera el departamento de Guirao.

Desde julio de 2017, la Sociedad General de Autores ha recibido del Ministerio de Cultura trece requerimientos y un apercibimiento por «graves incumplimientos». El retraso de la adaptación de sus estatutos a la nueva Ley de Propiedad Intelectual ha sido la gota que ha colmado el vaso.

El Ministerio ya tiene prevista la hora de ruta en caso de que la Audiencia Nacional se pronuncie en favor de la intervención. «Si el juez lo autoriza», dice la nota de Cultura, «el ministro nombrará un gestor interino (...) que asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos, y que tendrá como objetivo regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual».

Guirao sostiene que la situación en la SGAE es «intolerable», aunque abre la puerta a que si la entidad «se pone al día» antes de que el juez de la Audiencia Nacional decida sobre la intervención, todo estará solucionado porque «no habrá motivos». «Si ahora dicen que lo van a arreglar de aquí a mañana, fenomental, estupendo. Se habrá resuelto el problema. Nosotros no queremos otra cosa más que se arregle lo que se tiene que arreglar», dijo ayer en el acto de entrega de las medallas de las Bellas Artes, en Córdoba.

Pero la respuesta de la SGAE a la toma de posición del Gobierno no fue completamente amistosa. La entidad emitió un comunicado de respuesta en el que expresa «su plena disposición a colaborar con las autoridades judiciales, al igual que ha venido haciendo con el Ministerio de Cultura en los últimos meses», pero a la vez, recuerda que «hace dos semanas envió un escrito de alegaciones al Ministerio de Cultura en el que manifestó un triple compromiso, que afectaba a los Estatutos, al voto electrónico y al reparto de derechos de 2018».

«La SGAE lamenta que el Ministerio no haya tenido en cuenta ese firme compromiso y haya optado por judicializar aún más una entidad ya suficientemente judicializada. Esta petición de intervención tiene el riesgo de paralizar y debilitar una entidad que se enfrenta a grandes retos, a nivel nacional e internacional», concluye.