Un total de 27.658 personas fallecieron a la espera de una ayuda de dependencia

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, con diputados de Ciudadanos./EFE
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, con diputados de Ciudadanos. / EFE

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, propone un acuerdo a los grupos para sacar de la confrontación política la aplicación de esta ley en Andalucía

SURSevilla

El último Pleno antes de las elecciones generales arrancó ayer con un debate sobre la dependencia en Andalucía. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, compareció ante la Cámara para hablar del plan de choque puesto en marcha por su departamento para reducir la larga lista de espera. En su intervención primera, la consejera informó que «un total de 27.658 personas fallecieron en los últimos tres años en Andalucía mientras esperaban, ya fuera de plazo, la tramitación de su grado o la resolución de su Plan Individualizado de Atención (PIA)». Ruiz también propuso a los grupos un acuerdo para sacar de la confrontación política la dependencia al considerar que no es «ético ni moral» hacer lo contrario.

La consejera de Igualdad, sin embargo, dio un repaso crítico y severo al PSOE andaluz por su gestión de la dependencia en el anterior gobierno. Ruiz la calificó de «ineficaz» y acusó a sus antecesores de «inacción, falta de control y evaluación y de despilfarro». «Vamos a rebelarnos ante tanta injusticia y pasar a la acción», dijo tachando de «una «vergüenza» que el PSOE-A «ocultara a 35.000 dependientes». «Son verdades que parecen mentiras y que nunca debieron ocurrir», aseguró para acusar a los socialistas de «no haber hecho nada en 13 años» y lamentar «las personas que han muerto esperado una ayuda».

En nombre del PSOE-A, Soledad Pérez recordó a la consejera que fueron los socialistas los que hace 13 años pusieron en marcha una Ley de Dependencia «que hemos mantenido a pulmón» y que ha atravesado «sus peores momentos cuando el PP en el Gobierno central dinamitó la ley». A pesar de eso, recalcó, «Andalucía siguió de pie y mantuvo los recursos para seguir implantando la Ley». Soledad Pérez acusó a la consejera de «dar una patada al derecho administrativo» por su modo de contabilizar a los dependientes. Además, aseguró que «no hay datos ocultos», que ya existe un programa informático para dicho fin y le urgió a aclarar de qué partidas salen los fondos para el plan de choque: «A ver si vamos a vestir un santo para desvestir a otro».

Ruiz explicó que el plan de choque de 77 millones de euros tiene como objeto incorporar al sistema, de manera gradual, a las 109.470 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

En la actualidad hay un total de 75.097 personas pendientes de que se les realice su PIA, para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia. El plan de choque prevé simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Para ello, se aunará en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.

Entre la batería de medidas que se llevarán a cabo están potenciar la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación, y mejorar la coordinación.