Fernández, Viera, Guerrero y Márquez podrían ingresar en prisión antes de pronunciarse el Tribunal Supremo

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La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, que en la causa de los ERE estuvo representada por Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, ha solicitado a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, la celebración de una vista en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según una nota sucinta de la Fiscalía General del Estado. Los fiscales reclamarán medidas cautelares, entre ellas que los cuatro condenados ingresen en prisión antes de que la sentencia sea firme, ante el seguro recurso el Tribunal Supremo que presentarán los condenados en los próximos días. Varias defensas han solicitado una ampliación de plazo para preparar los recursos al alto tribunal.

El ponente de la sentencia, Calle Peña, deberá fijar una fecha para la vista y citar a las partes. En la misma los fiscales Egocheaga y Fernández expondrán las medidas cautelares sobre los cuatro condenados, entre ellas las de prisión. Las defensas tendrán ocasión de exponer sus criterios contrarios. Si el magistrado decide darle la razón a los fiscales, los cuatro condenados podrían ingresar en prisión en cumplimiento de sus condenas antes de que el Supremo fije la sentencia definitiva. Los fiscales no piden la misma medida cautelar para los otros seis condenados a prisión, además de Griñán y los exconsejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, Miguel Ángel Serrano. A Vallejo la condena es también de siete años y un día.

Tanto Antonio Fernández como Javier Guerrero ya estuvieron en prisión preventiva durante la instrucción de la macrocausa por orden de la jueza Mercedes Alaya, en concreto el exconsejero permaneció encarcelado cuatro meses en 2012 y Guerrero varios meses el mismo año y otros tantos en 2013, tras ser detenido de nuevo en la operación Heracles. Los dos debieron abonar fianzas para salir de prisión, Guerrero de 50.000 euros y Fernández de 450.000 euros.

Hay otra circunstancia que también juega en contra del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y de su sucesor en el cargo, Juan Márquez. Ambos cuentan con penas de cárcel recurridas al alto tribunal. El pasado mayo fueron condenados a penas de cinco años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad de documento público en el llamado 'caso Umax'. Fueron juzgados en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla por crear una estructura administrativa paralela a la Dirección General de Trabajo con empleados de la empresa Umax en labores propias de funcionarios. La sentencia reconocía una relación de amistad de los excargos condenados con los empleados de la empresa.

Fernández, Viera, Guerrero y Márquez pertenecieron a la cúpula de la Consejería de Empleo que entre los años 2000 y 2009 aplicaron las transferencias de financiación al IFA/IDEA como instrumento «inadecuado» para el pago de ayudas al margen de la normativa de subvenciones y «fines ajenos al que estaban destinadas». La sentencia les atribuye un papel protagonista en la trama corrupta de ayudas sociolaborales establecida en la Junta para agilizar los pagos y evitar controles, lo que propició un gran «descontrol» con menoscabo de fondos públicos.