Una ley reconocerá la autoridad del profesorado en Andalucía

La última vez que el grupo popular logró debatir en la Cámara andaluza esta propuesta fue el pasado mayo de 2017. Solo recibió el respaldo de Ciudadanos, frente a la mayoría formada entonces por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. La ahora consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, fue quien defendió la iniciativa en la tribuna como portavoz del PP en materia educativa. Las formaciones de izquierda rechazaron la ley por considerar que ya está regulada la autoridad de los docentes como funcionarios públicos. Ahora será uno de los consejeros de Ciudadanos quien lleve a la práctica esta vieja reivindicación del PP. El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, aseguró el pasado marzo que el borrador del anterproyecto está muy avanzado. Una de las novedades será la ampliación a los centros concertados la protección de la presunción de veracidad de sus docentes.

La futura ley garantizará la asistencia jurídica y psicológica del profesorado y establecerá un marco de normas y medidas disciplinarias para una mejor convivencia en los centros, según ha avanzado la Consejería de Educación. Promoverá el trato, la consideración y el respeto a los docentes en el ejercicio de sus competencias tanto de los alumnos como de sus familiares y del resto de personal que presta los servicios en colegios e institutos. Para ello la Junta realizará campañas que favorezcan el prestigio social del maestro. La norma recogerá derechos del profesorado como tener la potestad y la autonomía para tomar las decisiones necesarias tanto durante las clases como en actividades complementarias fuera del recinto escolar.

Uno de los aspectos clave de la norma es la presunción de veracidad que tendrá el docente en los procedimientos de adopción de medidas correctoras. Los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio, sin menoscabo de las pruebas que en defensa de sus derechos pueda aportar el alumnado.

Otro aspecto crucial incluido en la ley es el referido a las agresiones físicas y morales de los docentes producidas cuando ejercen sus funciones, tanto en las aulas como en recintos ajenos a estas o incluso en actividades fuera del centro. En casos de agresión física o moral, la norma contempla el principio de responsabilidad y reparación de daños. Además los alumnos estarán obligados a hacerse cargo del coste de los daños que causen a las instalaciones o al material de los profesores.

Al margen de la responsabilidad civil o penal, la norma obliga a la petición de excusas y reconocimiento de responsabilidad de los actos bien en público o en privado.

El sindicato Anpe ha denunciado a través de su servicio 'El defensor del profesor' el incremento de las agresiones a docentes en España en los últimos años. En el informe del curso 2017-2018 subraya como preocupación el aumento de casos y respecto a Andalucía señala que Málaga es la provincia con más denuncias de ataques registrados, frente a Jaén y Córdoba con menos incidencias. Más de la mitad, el 52%, se producen en la enseñanza infantil y primaria. El 43% de la conflictividad la originan los alumnos, pero hay un 27% que la provocan los familiares directos de estos. El 10% de las trifulcas se deben al intento de modificar las notas. El informe también desveló que un 30% de las incidencias se deben a denuncias entre los propios docentes o trabajadores de los centros.

Anpe lleva años reivindicado una ley específica para el reconocimiento de la autoridad de los profesores y maestros.