El PSOE-A pide que comparezca Imbroda por el «caos educativo»

Una imagen de archivo del consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda./
Una imagen de archivo del consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda.

El consejero lamenta el despido de 73 trabajadoras de cinco centros al ser imposible garantizar una solución legal a su situación

JOSÉ LUIS PIEDRASevilla

El PSOE-A va a pedir la comparecencia urgente de Javier Imbroda en el Parlamento andaluz ante el caos educativo que vive la comunidad. El grupo socialista va a solicitar la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara autonómica para que decida sobre la intervención del consejero de Educación y Deporte en este periodo vacacional en el Parlamento para abordar la situación que atraviesa la educación, especialmente por el conflicto sobre el reparto de vacantes entre docentes en Educación Primaria y los problemas en las escuelas infantiles.

Esta petición para que Javier Imbroda explique en sede parlamentaria esta situación fue anunciada por el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rodríguez Sánchez Haro, que puso de relieve que el consejero «tiene a toda la comunidad educativa en pie de guerra y por eso se ha echado a la calle para pedir su dimisión». El dirigente socialista denunció los «continuos ataques» del consejero hacia la educación como el recorte presupuestario este año en educación pública en favor de la privada o la «desastrosa gestión» de Imbroda reflejada en el fracaso del plan de refuerzo estival, con solo un dos por ciento de las plazas cubiertas. Sobre el reparto de plazas de Primaria, Sánchez Haro argumentó que «se debe a que las instrucciones no han sido consensuadas y están teniendo efectos perniciosos», como así lo han denunciado también los sindicatos. «El Gobierno andaluz de las derechas se marcha de vacaciones dejándose todas las asignaturas pendientes para el mes de septiembre y tiene asegurados todos los suspensos», resaltó el parlamentario socialista.

Según el PSOE-A, en Educación Primaria se están registrando un reparto injusto de las vacantes, con docentes que se han quedado sin ellas con más de diez años de antigüedad, mientras que en otras especialidades se han adjudicado plazas a interinos con menos de un mes de servicio. Sánchez Haro se refirió además a otro frente educativo en conflicto como son las escuelas infantiles, que también se encuentra en pie de guerra por el retraso a 2020 de la prometida subida de precios por plaza en un 15 por ciento. El consejero, Javier Imbroda, por su parte, se pronunció sobre el despido de 73 trabajadoras en cinco centros educativos andaluces gestionados por empresas privadas y lamentó no poder haber evitado esta situación argumentando que ha sido imposible técnica y jurídicamente. Imbroda reconoció su frustración por estos despidos pero subrayó que hasta el último instante se ha buscado una solución de legalidad para mantener estos empleos, incluso estudiando una moratoria de un año pero ha sido imposible y el acceso a estas plazas tiene que regirse por los mecanismos legalmente establecidos, como así lo exigen los propios sindicatos. El consejero realizó estas declaraciones en el inicio de las obras de un nuevo colegio de Infantil y Primaria en el municipio gaditano de Puerto Real, que contará con una inversión de 1,4 millones y tendrá capacidad para 150 escolares.

Engaño y manipulación

La denuncia de los líderes del nuevo gobierno andaluz, Juanma Moreno y Juan Marín, sobre los 8.655 millones que están en el limbo, de los que 3.400 pueden perderse, debido a la caótica gestión socialista fue rechazada tajantemente por el PSOE-A, que lo tildó todo de «manipulación torticera y engaño». El secretario general del grupo socialista explicó que «es una cuestión meramente administrativa, ya que estas cantidades están reflejadas en la contabilidad de la Junta y es el resultado de una depuración datos y de adaptaciones continuas a los sistemas contables e informáticos, como debería hacer el actual gobierno».

A su juicio, «se está utilizando los datos para poner en cuestión a muchos empleados públicos».