El Parlamento de Andalucía analiza las incompatibilidades de 17 diputados, entre ellos ocho de Vox y 5 de Cs

El presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. /E. P.
El presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. / E. P.

El consejero Javier Imbroda, el socialista Francisco Conejo, el líder de Vox Francisco Serrano y el parlamentario del PP Toni Martín Iglesias, entre los citados para explicar otras actividades

MARIA DOLORES TORTOSASEVILLA

La Comisión del Estatuto de los Diputados analizó ayer las incompatibilidades y peticiones de compatibilidad de 17 diputados de los 109 del Parlamento. El trámite es habitual cada comienzo de legislatura una vez conocidas las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los parlamentarios, pero llama la atención en esta ocasión el alto número de casos y el que de los 12 diputados de Vox, grupo que se estrena en la Cámara, haya ocho que soliciten compatibilizar su escaño con actividades privadas, en su mayoría con despachos de abogados, entre ellos el líder de la formación en Andalucía, Francisco Serrano. La comisión también ha analizado la posible incompatibilidad de Javier Imbroda, diputado por Málaga además de consejero de Educación y Deportes, por su participación de un 20% en una empresa. Una situación con la que coinciden otros diputados, entre ellos el vicesecretario de Organización del PP andaluz, Toni Martín Iglesias.

La Comisión no se ha pronunciado sobre ninguna de las diferentes situaciones, solo ha solicitado a los 17 diputados una aclaración sobre ellas dándole de plazo hasta mañana viernes a las 14.00 horas. Después se volverá a reunir para decidir sobre si hay o no incompatibilidad y pueden compaginar las actividad de parlamentario con otras privadas o particulares. La ley electoral andaluza es muy estricta e impide que los diputados puedan cobrar del Parlamento y de otra actividad, sea privada o pública.

En todos los grupos hay casos, siendo los menos los de Adelante Andalucía, con uno; PSOE, con otro; y PP, con dos. De Ciudadanos se han analizado cinco situaciones. Entre ellas la del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, que ha declarado poseer un 20% de acciones de la sociedad AMS Centro Médico El Ejercicio. La Ley Electoral de Andalucía establece para los diputados un tope del 10% de participación en activos empresariales que tengan conciertos, concesiones o contratos con organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local. La comisión, presidida por la diputada del PP Carmen Céspedes Senovilla, solicita a Imbroda las alegaciones pertinentes al respecto.

A lo mismo emplaza al diputado del PP Toni Martín Iglesias, que participa con el 16% del accionariado de un comercio familiar heredado. Martín Iglesias no percibe ningún ingreso de este negocio que regenta un hermano y tampoco, que él recuerde, ha contratado servicios con ningún organismo público, dijo a este periódico.

La fábrica de discursos

Del mismo modo que también emplaza a aclaraciones al portavoz adjunto del grupo de Ciudadanos y senador por designación autonómica Francisco Carrillo, por su participación en un 51% del accionariado de la empresa de comunicación La Fábrica de Discursos. Carrillo, uno de los gurús de Cs, había solicitado también a la comisión que le aceptara la compatibilidad de diputado con clases de másteres y postgrados y publicaciones de libros. Sobre esto último la ley no fija incompatibilidad, pero sí por las clases de másteres si las cobra.

Las también diputadas de Cs Ana Llopis Barrera y Carmen Martínez Granados deberán asimismo explicar su participación en varias empresas antes del viernes día 22; en el caso de Martínez Granados por su participación del 50% en la Escuela Superior de Sumiller de Cádiz. Al diputado por Vox Rodrigo Alonso la comisión también le ruega que le aclare su actividad en una empresa dedicada a las telecomunicaciones y el marketing. La ley contempla la compatibilidad con determinadas actividades privadas, pero la presidenta d e la comisión advierte a varios diputados de que no recibirán las retribuciones fijas y periódicas. Es el caso del diputado de Vox Rafael Segovia, que declara consulta médica propia con altos ingresos.

El sueldo base de un diputado es de 3.127 euros brutos al mes, aparte las dietas por desplazamiento y alojamiento, que pueden alcanzar los 1.500 euros mensuales. Cada diputado sumará una cantidad adicional si ocupa cargos como portavoz, viceportavoz, miembro de la Mesa, o presidente de comisión.

La comisión también ha analizado peticiones de compatibilidad. En el caso del presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, y del portavoz de este grupo, Alejandro Hernández, así como de otros diputados de esta formación como Ángela Mulas piden seguir en sus despachos de abogado sin remuneración para poder percibir el sueldo de parlamentario. Hernández y Serrano solicitan la compatibilidad como abogado para terminar asuntos pendientes en los tribunales y asesoramiento de otros comprometidos antes de jurar como diputado. La comisión les pide que aclaren cómo van a seguir en los despachos privados y ejercer de abogados sin cobrar por ello. Una solicitud parecida es la del diputado de Cs Andrés Ramón Samper, dietista de profesión que quiere seguir asesorando a pacientes de su consulta sin cobrarle honorarios por ello.

El diputado de Adelante David Moscoso también reclama la compatibilidad para volver a su plaza de profesor en la Universidad sin dejar el escaño y renunciando al sueldo de diputado, aunque la comisión le recuerda que solo podría hacerlo a tiempo parcial.

Dietas como concejales

Casos distintos son los de los diputados por Málaga de reciente incorporación Francisco Conejo (PSOE) y José Ramón Carmona (PP). El primero es concejal y diputado provincial en Málaga, por lo que percibe en cada institución 850,10 euros mensuales como dietas; Carmona es concejal en Antequera, donde cobra 600 euros mensuales también en concepto de dieta.

La comisión del Estatuto de los Diputados les recuerda a ambos ediles que la ley establece un límite del 10% del cómputo anual de las percepciones que como retribución fija y periódica devenga como diputado del Parlamento.