Un 'ERE' mayúsculo de cargos de confianza del PSOE

La salida de los socialistas del gobierno de la Junta conllevaría también la marcha de cientos de cargos de confianza y la pérdida de jefaturas de servicio a miles de funcionarios

Sede administrativa de la Junta de Andalucía en Sevilla/ARCHIVO
Sede administrativa de la Junta de Andalucía en Sevilla / ARCHIVO
IVÁN GELIBTER

Tras 36 años de gobierno ininterrumpido del PSOE en Andalucía, el cambio producido este pasado domingo se puede observar con diferentes prismas. Uno de ellos implicaría directamente al propio funcionamiento de la administración, ya que centenares de cargos de libre designación quedan en el aire. Aún así, la tipología de puestos de trabajo que dependen de la Junta de Andalucía son variados y no todos los cargos nombrados por el PSOE se quedarían sin empleo.

Además, la Junta de Andalucía siempre ha promovido cierta falta de transparencia en este sentido. Obtener los datos resulta algo complejo, aunque algunos de ellos sí están claros. De esta manera, existen más de 700 puestos entre altos cargos, personal de confianza y directivos cuyo coste podría superar los 60 millones de euros. De ellos, hay 233 altos cargos y otros 48 principales directivos de entes, asimilados a altos cargos. Así, un total de 281 figuran en el listado del registro de quienes están obligados por ley a presentar declaración de actividades y bienes, sometidos a las normas sobre incompatibilidades. A esto se suman 225 personas ocupando puestos de confianza y asesoramiento en gabinetes de Consejerías y otros organismos.

Según han criticado desde la oposición al completo en estos años, el gasto en nóminas de altos cargos, delegados territoriales y puestos de confianza o políticos asciende a cerca 35 millones, a los que habría que sumar en torno a otros 10 incluyendo gastos de Seguridad Social. En ese gasto no están incluidas ni la productividad que cobran directores generales, delegados y personal de confianza (desde el PP dicen saber que se han cobrado pluses por valor de 1.250 euros trimestrales, 5.000 anuales, hasta cinco veces mayores que los de funcionarios) ni tampoco la antigüedad -ya que hay altos cargos que son empleados públicos y tienen derecho a ellas- ni las dietas o el combustible. Asimismo, no se incluye el gasto en indemnizaciones por vivienda, que reciben, según los populares, más de 35 altos cargos.

A estas cifras se añaden los trabajadores de la llamada «administración paralela«, que afectan a todos los directores provinciales de agencias, empresas y fundaciones públicas que no figuran en la lista de altos cargos oficiales: gerentes provinciales de Agencia Medioambiente, de EPSA, de VEIASA, de la Agencia IDEA, o de la Fundación Andalucía Emprende, entre otras. Según la oposición, en 40 de los principales entes instrumentales se contabilizan más de 150 directivos y gerentes provinciales. A una media de 55.000 euros anuales el coste puede alcanzar los más de 15 millones incluyendo Seguridad Social y otros pluses.

Funcionarios con cargo

Otro capítulo aparte son los funcionarios que tienen su puesto asegurado a través de una oposición, pero que han sido elevados de categoría a puestos de libre designación. En caso de que hubiera cambios, éstos volverían a su plaza. La oposición calcula que en esta situación se encuentran más de 2.500 puestos de funcionarios, prácticamente todas las jefaturas de departamentos y de servicios, que son de libre designación. Como ejemplo, siempre quedará en Málaga el asunto de la filtración de los listados de funcionarios afines al PSOE en la provincia, determinante para promover sus ascensos, y elaborado en la propia Delegación de la Junta.

La última tipología de empleos públicos relacionados con la administración regional tiene que ver con todos aquellos trabajadores que entraron como personal laboral y que, o bien siguen con esa categoría, o acudieron a puestos de funcionariado dentro de la Junta. En este caso, que resulta del todo imposible cuantificar pero que fuentes consultadas cifran en «miles», su situación laboral no cambiará, ya que sus plazas están consolidadas independientemente de cómo hubieran accedido a ellas.

 

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