Marín abre la puerta a la reforma del Estatuto sin el consenso del PSOE

El Consejo de Gobierno se ha celebrado hoy en Sánlucar de Barrameda/EFE
El Consejo de Gobierno se ha celebrado hoy en Sánlucar de Barrameda / EFE

El Consejo de Gobierno manifiesta su criterio favorable al proyecto de ley para la supresión de los aforamientos

MARÍA DOLORES TORTOSASEVILLA

El Gobierno de PP-Cs no descarta abordar la reforma del Estatuto sin el consenso del PSOE, principal partido en la Cámara andaluza con 33 diputados. Así lo ha reconocido el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en Sanlúcar de Barrameda. Este Consejo ha acordado manifestar, a propuesta del también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, su criterio favorable a la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Autonomía presentada por PP y Cs para la supresión de los aforamientos a cargos públicos y diputados. El visto bueno se basa en que la modificación legal carece de impacto económico en cuanto al aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

Marín ha dicho confiar en que el próximo Pleno del Parlamento de los días 4 y 5 de abril aborde la admisión a trámite del proyecto de ley, para lo que se necesita mayoría absoluta. PP y Cs solo cuentan con 47 diputados de los 55 necesarios. Para ello, ha recordado Marín, la Mesa del Parlamento deberá abordar mañana su inclusión en el orden del día del Pleno.

Una vez en debate, la reforma del Estatuto deberá contar con el respaldo de tres quintos de la Cámara, 66 diputados. Con los escaños del PP, Cs y Vox no es suficiente. Haría falta o bien el respaldo de los 17 de Adelante Andalucía o los 33 del PSOE. Todos los partidos están de acuerdo en la supresión de los aforamientos, pero el PSOE defiende que primero deben eliminarse en el ámbito nacional con una reforma de la Constitución. Para Marín el PSOE «está mareando la perdiz» con este asunto, ya que incluso si el Gobierno y Congreso que salga del 28 de abril decide suprimir los aforamientos en la Carta Magna, en Andalucía aún seguiría obligado reformar el Estatuto y convocar un referéndum. Para el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, con el proceso iniciado, esta comunidad habría adelantado parte del trabajo.

Marín, no obstante, ha admitido que la entrada en vigor de la supresión de los aforamientos tardará, aunque políticamente para él es un asunto zanjado puesto que ya se ha presentado la proposición de ley y el Gobierno da el visto bueno a la misma. Si la proposición de ley se aprueba en el Parlamento, deberá remitirse al Gobierno de España, que se pronunciará sobre si existe o no incompatibilidad con la ley orgánica.«Si no se da este paso nunca se hará», ha advertido Marín sobre la proposición de ley, recordando que ya lo han hecho otras cinco comunidades.

Ahora la pelota está en el tejado del PSOE sobre todo, ha querido transmitir el vicepresidente de la Junta. Marín critica las reticencias de los socialistas y ha admitido a preguntas de los periodistas que la reforma del Estatuto puede aprobarse sin el consenso con el PSOE. Para ello debe ganarse el respaldo de Adelante y Vox. Sería la primera vez que un grupo mayoritario de la Cámara se quedaría fuera de una modificación de la ley orgánica básica de la autonomía andaluza. La única reforma hasta ahora fue la de 2007, cuando PSOE, PP e Izquierda Unida lograron un acuerdo tras años de duras negociaciones.

Esta vez la reforma es de menor calado; solo se modificarían cuatro artículos, los referidos a los aforamientos del presidente de la Junta, consejeros del Gobierno y diputados del Parlamento. El proyecto de ley respeta la inviobilidad que el Estatuto de Autonomía otorga a los diputados, aún después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo, pero pone fin a la excepción procesal que impide al juez ordinario tratarlos como cualquier otro ciudadano para dilucidar responsabilidades en ámbitos totalmente desconectados de responsabilidad política.