La Junta resucita una 'renovada' vivienda protegida y aspira a promover 5.000 al año

La construcción de viviendas protegidas ha caído un 92% en los últimos años./J. L. P.
La construcción de viviendas protegidas ha caído un 92% en los últimos años. / J. L. P.

Fomento prevé que alcancen una cuota del 30% flexibilizando sus exigencias y aligerando trabas para acercarlas a las libres, pero con un menor precio

JOSÉ LUIS PIEDRASEVILLA

El nuevo Gobierno andaluz está decidido a resucitar con fuerza la vivienda protegida, venida a menos en los últimos años por el impacto de la crisis, y además de paso revolucionar su concepto con una renovación de esta figura legal de protección que le acercará a la vivienda libre pero, eso sí, manteniendo su seña de identidad que estriba en el precio, siempre mucho más asequible que el imperante en el mercado privado, lo que facilita el acceso a los futuros inquilinos en condiciones ventajosas.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio quiere apostar por potenciar la construcción de este tipo de viviendas y ultima una orden para afrontar una transformación de la vieja figura de vivienda protegida, que supondrá decir adiós a la antigua VPO para avanzar hacia un nuevo concepto más flexible y con menos cargas y trabas que sea capaz de facilitar mucho más tanto la promoción de estas viviendas como el acceso a las mismas, sin perder ni un ápice su cariz principal de protección que estará especialmente vinculado a un precio más atractivo para el adquirente.

El departamento que dirige Marifrán Carazo está empeñado en incrementar los niveles de edificación de estas viviendas con protección ya que dispone de estudios que confirman la demanda actual de este tipo de casas entre la ciudadanía andaluza que sueña con disponer de un hogar y que apunta a cifras que superan las 100.000 personas inscritas en los registros municipales. El reto al que se aspira desde Fomento en esta legislatura es promover la construcción de unas 5.000 viviendas protegidas al año, una estimación inferida también de la aspiración de esta Consejería para que estas viviendas alcancen el 30 por ciento de la oferta inmobiliaria total de mercado.

La secretaria general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez, aseguraba a este periódico que «hace falta volver a construir vivienda con precios asequibles para ponerlas en el mercado después de muchos años en los que esta oferta se reducido hasta prácticamente ser irrelevante». No en vano, su construcción ha caído en los últimos años en un 92 por ciento. El volumen de viviendas que ya han iniciado su construcción alcanza las 14.000, de las que tan solo 1.329 viviendas son protegidas, menos del 10 por ciento. Por tanto, se está muy lejos del nivel del 30 por ciento al que aspira el nuevo equipo directivo de vivienda en el Ejecutivo andaluz.

La apuesta por retomar la construcción de vivienda protegida quiere aprovechar también el despegue que está registrando el mercado inmobiliario recientemente, lo que está provocando sin embargo una subida de los precios en venta y también en alquiler, apartado éste último que se ve agravado por la presión en los precios de los alquileres turísticos en diferentes ciudades. «En esta situación de presión de precios, la Administración tiene la obligación de ofrecer una vivienda a precio asequible que garantice el acceso a las personas que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre y de ahí la necesidad de abogar por la promoción de estas viviendas», subrayó Alicia Martínez.

La secretaria general de Vivienda explicó también el nuevo enfoque y renovación de la vivienda protegida «a la que queremos quitarle todas las cargas y complejos que durante mucho tiempo han pesado sobre su figura». En los últimos años no han contado con ayudas estas viviendas y sin embargo sí seguían soportando las cargas relativas a su diseño, a los años de calificación o la imposibilidad de su venta en un determinado plazo.

A su juicio, «muchas veces ante los condicionantes que pesaban sobre la vivienda protegida, el comprador optaba por adquirir una de renta libre y no cargar con estos problemas, además hay algunos municipios en los que la vivienda protegida tenía un precio demasiado alto y se situaban ya en niveles similares a los de renta libre». Todo ello se va a reflejar en la nueva normativa legal que diseñan desde Fomento, donde también van a apostar por una agilización en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, «ya que los registros municipales de demandantes de vivienda no están funcionando, puesto que sus listados no están actualizados ni son homogéneos», explicaba la responsable autonómica de vivienda.

Para determinadas adjudicaciones se va a establecer un mecanismo «rápido y eficaz» de adjudicación con un plazo concreto que se deberá cumplir para evitar que los promotores, tanto públicos como privados, no se queden esperando a colocar estas viviendas una vez construidas. Para dar mayor celeridad a la tramitación se pretende unificar en un único procedimiento administrativo tanto para la concesión de la licencia de obra como para la calificación provisional, así como para la licencia definitiva.

También los nuevos criterios en la gestión de estas vivienda de protección llevarán a Fomento al diseño de una oferta adecuada a cada tipo de demandante, «puesto que hay que distinguir entre viviendas sociales, para personas que tienen unos niveles de ingresos muy bajos, y otras viviendas que pueden destinarse a otras personas con ingresos diferentes que les permiten acceder a una financiación, aunque no en el mercado libre», señaló Alicia Martínez. Además, las personas en situación de emergencia social disponen también del parque público de viviendas de la Junta, con más de 80.000 inmuebles destinados a estas personas en situación mucho más vulnerable.

La secretaria general insiste en que los cambios que se van a adoptar van dirigidos a seguir poniendo el acento en facilitar el acceso a una vivienda con un precio limitado, lo que vendrá motivado también por la gestión de los suelos ya que se edificarán en terrenos que a su vez también tendrán un precio menor al del mercado libre. Además, se establecerán ayudas tanto para los promotores para su construcción como para los futuros inquilinos para su financiación y adquisición.

La nueva gestión y el nuevo plan de vivienda –Plan Vive en Andalucía 2020-2030– emergen desde la concertación con todos los agentes sociales y económicos, con especial protagonismo para los promotores y empresarios del sector con los que se quiere contar para impulsar el modelo de colaboración público-privada. El departamento de Fomento tiene claro el papel crucial que juegan en el impulso de la construcción los promotores privados y también las entidades financieras, sectores con los que se quiere alcanzar un gran acuerdo que es vital para hacer realidad esta apuesta.

Según Alicia Martínez, «tenemos que ir de la mano de los promotores, que serán los propulsores de la construcción y serán nuestros aliados estratégicos» y dejó claro al mismo tiempo que «cualquier propuesta que venga del ámbito privado, que sea sostenible y razonable para la construcción de vivienda a precios asequible, será bien recibida pero también cualquier otro proyecto para la rehabilitación de viviendas y de barriadas degradadas y obsoletas que hay que reconstruir». De hecho, el nuevo plan de vivienda prevé que la inversión inducida con el concurso de la iniciativa privada alcance los 1.700 millones de euros en la próxima década, lo que supondrá la generación de unos 34.000 empleos.

Financiación

También indica que se va a trabajar con las entidades financieras para alcanzar un compromiso para la financiación, indispensable para los promotores y la ciudadanía que aspira a la adquisición de estas viviendas, ya que sin facilidades para el crédito es imposible el impulso de la construcción de nuevas viviendas. Desde la Junta también se va a contar con el compromiso y complicidad de los ayuntamientos, ya que son agentes fundamentales en estas políticas y tienen las competencias para adjudicar estas viviendas protegidas, además de asumir el planeamiento urbanístico para futuros proyectos y ser activos principales en la aportación de los suelos necesarios para su construcción.

Por último, la Consejería se ha marcado también como reto la potenciación de la construcción propia a través de su Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que todavía es muy limitado por las dificultades de acceso a la financiación que encuentra la Administración y de ahí que se hayan iniciado tan solo 86 viviendas.

Esta apuesta por la vivienda protegida se refleja en la reciente oferta de venta pública de suelo de la agencia autonómica de vivienda que, en el apartado de suelo residencial protegido, oferta 120 parcelas con 87.710 metros cuadrados y 175.235 metros edificables y con capacidad para construir 1.486 viviendas y un precio de 23,5 millones de euros. Prácticamente todas las provincias ofrecen suelos para vivienda protegida en esta oferta de venta, destacando Granada, con 19 solares para 624 viviendas en cinco municipios; Cádiz, con seis suelos en Jerez de la Frontera y en San Roque para 244 viviendas; Jaén, con seis parcelas en Andújar y Cazorla para 192 inmuebles, y Sevilla, provincia en la que se ofertan 13 solares para 178 viviendas protegidas.