La Junta no ha facilitado los nombres de trabajadores de la violencia de género como denuncia Pedro Sánchez

La Junta no ha facilitado los nombres de trabajadores de la violencia de género como denuncia Pedro Sánchez

La polémica de las 'listas negras' incendia la campaña en Andalucía, donde Moreno y Marín acusan al presidente del Gobierno de mentir y Susana Díaz afirma que sí existen

MARÍA DOLORES TORTOSASEVILLA

El Gobierno de la Junta de Andalucía formado por PP y Cs no ha facilitado ni fomentado 'listas negras' con los nombres de trabajadores de las unidades de valoración integral de violencia de género, como denunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate electoral de Atresmedia la noche del martes. Tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el vicepresidente, Juan Marín, han reaccionado esta mañana con duras críticas a Sánchez, al que acusan de manifestar «mentiras como una catedral» y utilizar a las víctimas de la violencia machista «para arañar unos votos». «Eso da una idea de la catadura moral de Sánchez», ha dicho Moreno, quien ha pedido al presidente del Gobierno «una rectificación inmediata».

La polémica ha incendiado la campaña de las generales en Andalucía, ya que la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, refrenda, con alguna matización, la denuncia de Sánchez de que se están elaborando listas negras de trabajadores de la violencia de género por la presión de Vox y que PP y Cs no hacen nada para evitarlo. «Si no se les paran los pies, serán muchos más los colectivos de profesionales en nuestra tierra los que se vean amedrentados e intimidados para que no hagan el trabajo que llevan a cabo de protección de las personas», ha manifestado.

Sánchez acusó en el debate a PP y Cs de «impulsar» en la Junta «listas negras» de los profesionales de la violencia de género por la presión de la extrema derecha, en alusión a Vox, partido con un acuerdo de investidura con el PP en Andalucía. «Su consejería (dijo dirigiéndose a Albert Rivera) manda circulares a los médicos, a los psicólogos y a los trabajadores sociales para hacer una lista negra no de los potenciales maltratadores, sino de aquellos que luchan contra la violencia de género».

No es verdad que el bipartito PP y Cs hayan impulsado o facilitado nombres de la lucha contra la violencia machista en Andalucía, si bien si lo es que hay peticiones de estos datos en la Junta de Andalucía. El documento que exhibió Sánchez en el debate es una carta con sello de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en la que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla informa a un médico forense de la unidad de violencia de género de Sevilla que un ciudadano ha solicitado sus datos y la del resto de compañeros a través del Portal de la Transparencia. El solicitante requiere los nombres, cualificación y datos de colegiación de trabajadores sociales, psicólogos y médicos forenses de la unidad desde 2013 a 2019. Justifica la solicitud para comprobar si los perfiles cumplen con la cualificación profesional y requisitos de colegiación exigidos.

El argumento y formato de la petición son los mismos que el grupo Vox registró en el Parlamento andaluz y que este denegó entregar por ir contra la Ley de Protección de Datos. Vox cuestionaba la preparación científica de los profesionales, a los que tachó de «supremacistas» de una ideología de izquierdas. Fuentes de la Junta han confirmado que han llegado al Portal de Transparencia otras peticiones de ciudadanos particulares de varias provincias con la misma finalidad.

La Consejería de Justicia que dirige Juan Marín (Cs) explica en una nota que el documento exhibido por Sánchez «es el protocolo que la Ley de Transparencia obliga a una administración» cuando se recibe una petición por el Portal de Transparencia para pedir información sobre alguien. «Sabía que era falso, no hemos facilitado ninguna información», aduce Marín con duros reproches al presidente. La carta informa al afectado de su derecho a presentar alegaciones. El funcionario puede denegar la petición de sus datos, lo que según fuentes sindicales así ha ocurrido. UGT, según su secretaria general en Andalucía, Carmen Castilla, ha facilitado asesoramiento jurídico para ello.

Las personas sobre las que se piden sus nombres y número de colegiados son funcionarios y laborales de la Junta adscritos a los juzgados de violencia de género o familia. El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración y Justicia, Juan Marín, informó en el Parlamento el pasado marzo sobre el número de estas unidades en Andalucía y los perfiles profesionales que las componen. Lo hizo después de que la Mesa del Parlamento, en la que suman mayoría PP, Cs y Vox, sí admitiera a trámite la petición de este último grupo para conocer esta vez no los nombres, pero sí cuántos psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales hay en las unidades y si están colegiados o no. Marín dijo que exigirá la colegiación de los profesionales, incluidos los de empresas que colaboran con el servicio, como marca la ley estatal. La nota de su consejería ayer cifraba en un 40% el personal de las unidades no colegiado.

Marín informó en marzo que hay nueve equipos de las unidades de valoración de violencia de género, uno por cada provincia y dos en Cádiz. En ellas, trabajan 51 profesionales: 19 médicos forenses, funcionarios de carrera al servicio de la Administración de Justicia; y 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales, que son personal laboral El vicepresidente admitió que su funcionamiento no es el deseado, dándose incluso listas de espera de dos meses para citas en las unidades. Por lo que anunció que se incorporarán ocho médicos forenses, ocho psicólogos, siete trabajadores sociales y siete administrativos en ocho equipos de refuerzo a las actuales unidades. Los financiará con la partida de 3,9 millones de euros del pacto estatal que corresponden a Andalucía. Al incremento de recursos humanos, se sumará un curso de formación en colaboración con el Instituto Andaluz de Formación Pública para «avanzar en la especialización y exclusividad». Respecto a los equipos psicosociales, integrados en los Institutos de Medicina Legal y Forense como las unidades y encargados de elaborar los informes periciales en materia de familia para los órganos judiciales, dijo que en Andalucía funcionan 16, que cuentan con 15 trabajadores sociales y 19 psicólogos, pero que debido al volumen de casos que llevan, cada provincia cuenta con un contrato administrativo para externalizar este servicio cuando no se puedan realizar los informes en un plazo de dos meses.