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El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en plena crisis de la listeriosis. Efe
La Junta evita poner fecha a la asunción de competencias de la inspección alimentaria de Granada, Málaga y Sevilla

La Junta evita poner fecha a la asunción de competencias de la inspección alimentaria de Granada, Málaga y Sevilla

La medida, anunciada por Juanma Moreno al calor de la crisis de la listeriosis, entraña dificultades jurídicas por tratarse de una peculiaridad sujeta a normativa estatal

María Dolores Tortosa

Sevilla

Domingo, 3 de noviembre 2019, 01:48

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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció a comienzos de septiembre la reversión sí o sí de las competencias de inspección sanitario alimentaria que ejercen los ayuntamientos de las capitales de Sevilla, Málaga y Granada de manera excepcional y peculiar en Andalucía, aunque no es el único caso de España. Dos meses después el Gobierno andaluz guarda hermetismo sobre una medida que entraña dificultades jurídicas por tratarse de una peculiaridad sujeta a normativa estatal, según fuentes consultadas por este periódico.

Moreno hizo el anuncio de la reversión en la primera semana de septiembre al calor de la crisis de la listeriosis estallada en agosto, con más de 200 ingresados en hospitales, tres fallecidos y siete abortos, y en un momento en el que el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Sevilla se responsabilizaban mutuamente del retraso de la alerta sanitario alimentaria.

Esta situación cambió y ambas instituciones fueron luego de la mano, incluso en las denuncias ante los tribunales contra Magrudis, la empresa sevillana que vendió la carne mechada contaminada y cuyos propietarios fueron enviados a prisión preventiva. Dos meses después ya no hay alerta, casi no se habla de listerioris y el anuncio de Moreno parece haber caído en el cajón del olvido. Y eso que Vox, socio parlamentario del bipartito PP-Cs, recogió el guante del presidente y sacó adelante en el Parlamento una proposición no de ley el pasado 26 de septiembre en la que se insta al Consejo de Gobierno andaluz a «modificar la normativa que concede a determinados Ayuntamientos de Andalucía las competencias para realizar la inspección sanitaria en sus municipios» con el fin de «centralizar competencias en esta materia» y «que sean devueltas a la Consejería de Sanidad a fin de que exista una autoridad única para proteger la salud».

Cuando se aprobó la iniciativa, respaldada por PP y Cs, la Junta ya había promovido reuniones técnicas y políticas con los ayuntamientos aludidos para estudiar una mayor coordinación de las administraciones en los sistemas de control alimentario para que no vuelva a ocurrir una crisis como la de la listeriosis, incluso con modificaciones legislativas, según el comunicado que emitió el Ayuntamiento de Sevilla.

La propuesta de Moreno había sido recibida de distinta manera por los alcaldes respectivos y curiosamente quien mostró más recelos fue el de Málaga, Francisco de la Torre, del PP. El de Granada, Luis Salvador, de Cs, dijo que la propuesta supondría un «alivio» para su ayuntamiento. Juan Espadas (PSOE) advirtió de la dificultad, que también reconocen desde la Consejería de Presidencia. Desde la Consejería de Salud y Familias confirmaron a este periódico esta pasada semana que no hay novedades al respecto.

Y es que, al contrario de lo que se presupone de la iniciativa aprobada en el Parlamento a instancias de Vox, no está claro que se trate de una reversión de competencias a la Junta de Andalucía, autonomía a la que le fueron traspasadas la gestión de sanidad y salud pública en 1982. Una parte de los servicios municipales de Málaga, Granada y Sevilla en vigilancia de la salud pública están sujetos a una norma estatal.

Estos servicios se componen de inspectores de consumo, habituales en muchos ayuntamientos, quienes, en colaboración con la Junta de Andalucía, vigilan la calidad de lo que ofrecen los establecimientos, desde bares a tiendas; También de laboratorios en los que se analizan los productos sospechosos para atajar cualquier problema. El laboratorio de Sevilla cuenta con 12 profesionales y atiende no solo a la capital, sino que merced a un convenio en 2015 con la Junta de Andalucía le presta servicios a esta en la provincia. El citado convenio expiró este 2019, pero el laboratorio, que fue el que dio la alarma de la listeriosis, ha seguido colaborando con la Junta en la provincia sevillana.

Veterinarios estatales

Hay un tercer cuerpo, el de los veterinarios encargados de inspeccionar las industrias alimentarias, que en Sevilla es de 13 miembros y la mitad en Málaga y Granada. La primera autorización y revisión inicial corresponde a la Junta de Andalucía, pero una vez en funcionamiento son los veterinarios de los tres ayuntamientos competentes los que deben supervisar el cumplimiento de la legislación de mataderos y fábricas de embutidos, entre otros.

Este cuerpo de veterinarios están sujetos a un reglamento estatal de 1953, aunque en realidad la figura del «inspector de carnes» municipal se implantó en España un siglo antes, en 1859, según recogen varios autores en una exposición en las VII Jornadas de Historia de la Veterinaria celebradas en León en 2002.

Los autores (José-Manuel Etxaniz Makazaga , Paloma Cossidó Reig (y Olatz Etxaniz), según la memoria de aquellas jornadas, «hacen un recorrido legislativo desde el citado 1859, cuando se obliga a los ayuntamientos a dotarse de un inspector veterinario hasta que la Administración del Estado, en diversas fases, se hace cargo de tales inspectores, agrupados en un cuerpo estatal; finalmente, en el proceso de descentralización ocurrido a partir de 1979, la mayoría de los veterinarios pasan a depender de los gobiernos autónomos, salvo una mínima parte que continúa adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo».

El documento cita Sevilla, además de a las tras provincias vascas, Bilbao, San Sebastián y Vitoria; las capitales de Madrid y algunos municipios de esta comunidad y de la de Murcia; también Barcelona, Pamplona, Salamanca, Valencia y Valladolid. También alude que hay otros, en el caso andaluz los de Málaga y Granada.

La Junta de Andalucía guarda hermetismo sobre los pasos que está dando para que las tres capitales andaluzas le cedan sus competencias en salud pública. Fuentes jurídicas consultadas advierten de la gran dificultad sin una normativa estatal que despeje el camino.

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