La Junta confía en la nueva ley para dar respuesta al grave problema de la vivienda en Andalucía

La nueva norma está compuesta por 117 artículos y según la consejera del área, Rocío Díaz, su texto definitivo es mejor que el original al ser producto de un proceso en el que se ha escuchado a todos los sectores implicados.

Díaz explicó que el principal propósito que se persigue con la nueva ley es arbitrar todos los medios posibles para poner suelo a disposición, de manera de aumentar la oferta de vivienda, en la actualidad claramente insuficiente.

Advirtió de que la política de vivienda no debe ser campo de batalla ideológica, ya que de lo que se trata es de garantizar un derecho.

Una de las novedades que introduce la nueva ley es la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y de lucha contra la ocupación ilegal.

La norma introduce también la figura de áreas prioritarias, nombre con el que se identifica a las zonas donde se detecte que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se pretende concentrar los recursos de la Administración en forma de ayudas al alquiler y a la compra e incentivos a la construcción de vivienda nueva y de rehabilitación.

Con el objetivo de ampliar el parque residencial, el Gobierno andaluz defiende la colaboración público-privada, ya sea a través de concesiones o subvenciones y aspira también a optimizar la gestión del parque residencial mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean estas de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos o de promotores privados.

También contempla la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía para incentivar la industrialización en la construcción de viviendas y propugna por la rehabilitación de viviendas a través de iniciativas de reconstrucción de barriadas y la eliminación de infraviviendas.

Asimismo, plantea un buen uso del parque residencial evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los sectores más vulnerables. La futura norma establece mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación..

La Ley incorpora varias de las medidas urgentes del decreto ya en vigor, salvo aquellas que son de carácter temporal, como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.

Durante el debate, el parlamentario popular Antonio Saldaña ponderó el proceso de tramitación, aunque reprochó a los grupos de la oposición que hayan puesto el tacticismo por delante de la buena política. Les advirtió de que habían perdido una oportunidad de «ser partícipes del éxito que alcanza Andalucía».

La diputada socialista Verónica Pérez consideró una paradoja que el acceso a la vivienda siendo «un derecho es hoy uno de los principales problemas» para los andaluces por cuanto ha señalado que el precio de la vivienda en Andalucía «ha alcanzado récords históricos», con aumentos por encima de la media nacional.

Ricardo López Olea, de Vox, dijo que su grupo descree de esta ley, porque a su juicio no va a solucionar el problema de la vivienda en Andalucía.

El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado consideró un despropósito la aprobación de la norma, que a su juicio es perjudicial para la mayoría social y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, dijo que se trata de un texto que pone en evidencia «las diferentes formas de ver el mundo y las diferentes prioridades políticas» de los grupos políticos.