La Junta aprobará una renta básica compatible con un empleo de un mes

El Gobierno andaluz aprobará la próxima semana el decreto sobre la nueva Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía -anunciada por la presidenta Susana Díaz el pasado junio en un debate general sobre la Comunidad- para dar cobertura económica a las familias sin ingresos ni recursos y como vía para luchar contra la marginación y pobreza en Andalucía. El decreto, que sustituye al del Ingreso Mínimo de Solidaridad, contempla novedades además de garantizar su percepción como un derecho, entre ellas que será compatible su percepción con un empleo de un mes o menos.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, cuya titular es María José Sánchez Rubio, cuenta con beneficiar con esta renta a más de 45.000 unidades familiares cada año, lo que implica la cobertura de al menos 120.000 personas. En el Presupuesto de 2018 figura una partida con destino a la renta básica de 198 millones de euros. Hasta 2021, la Consejería tiene planificado destinar 819 millones de euros.

El decreto garantiza ingresos mínimos a familias sin recursos, pero acompañados de un plan de inclusión para la inserción laboral. Es decir, el titular que recibe la prestación hará cursos de formación para el empleo y recibirá un asesoramiento permanente para que pueda hallar un trabajo.

Hay una importante novedad: Si en un momento determinado logra un empleo temporal, se le suspenderá la renta durante ese tiempo, pero no tendrá que renunciar al derecho si no logra seguir trabajando. Esta medida es significativa, apuntan desde la Consejería de Igualdad, ya que muchas personas que reciben el actual salario social renuncian a empleos cortos por temor a perder la ayuda mensual, de unos 450 euros, hasta otra convocatoria. En el caso de que el empleo sea de menos de un mes, seguirá recibiendo la prestación.

El nuevo modelo estará basado en criterios de universalidad, dando prioridad a las familias con hijas e hijos menores de edad, a las madres o padres solos y a las mujeres víctimas de violencia machista. El decreto amplía el tiempo de percepción hasta un año. Otra diferencia sustancial respecto a la normativa vigente es que en el caso de mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares con menores de edad a cargo, se podrá prorrogar cada seis meses mientras se mantenga la situación que motivó su concesión.

La nueva norma modifica algunos de los requisitos establecidos ahora, como el que puedan solicitarlo varias unidades familiares sin parentesco que convivan en el mismo domicilio. Tampoco computarán las pensiones de alimentos, las remuneraciones de acogimiento familiar, las prestaciones por hija e hijo a cargo, las pensiones de orfandad, las prestaciones por la ley De dependencia y las becas para educación o la formación y el transporte.

También introduce excepciones en el cumplimiento de requisitos en supuestos de urgencia o emergencia social y se unifican los motivos por los que se identifica y determina esta situación.

El decreto establece la Renta Mínima de Inserción Social como una prestación garantizada y por tanto con derecho subjetivo, como marca la Ley de Servicios Sociales, y se concibe como medio para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación en Andalucía.

La norma nace con el consenso de la Junta con organizaciones sociales y sindicales, apuntan desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Hay que recordar que en dos ocasiones sindicatos con organizaciones sociales y el extinto PA han presentado en el Parlamento iniciativas legislativas para la aprobación de una renta básica, sin que lograran salir adelante.

El Parlamento también constituyó la pasada legislatura un grupo de trabajo sobre la renta básica, a instancias de IU, entonces socio de los socialistas, sin que concluyera en una ley por el adelanto electoral en 2015.

Como curiosidad, una de las personas que impulsaron la fallida Iniciativa Legislativa Popular para una renta básica en 2014 era Nuria López, como integrante de Comisiones Obreras. Hoy es secretaria general de CC OO en Andalucía y, junto a Carmen Castilla (UGT), han sido fundamentales en el resultado del documento que el Gobierno andaluz aprobará en quince días.