El Gobierno no habla de desmantelar, sino de «racionalizar» el sector público de la Junta

El Gobierno no habla de desmantelar, sino de «racionalizar» el sector público de la Junta

Bendodo avanza conclusiones del equipo de trabajo sobre los entes, en los que se han detectado 31 sistemas diferentes de gestión de recursos humanos

MARÍA DOLORES TORTOSA

El Gobierno no habla de cierre y menos de desmantelamiento del sector público empresarial, lo que el PP (y luego Cs y Vox) llamaba la administración paralela cuando estaba en la oposición. Ahora se habla de «racionalizar» el entramado de agencias, fundaciones y empresas heredades de la anterior administración socialista. Fue el término empleado por el consejero de Presidencia, Interior y Administración Pública, Elías Bendodo, en su comparecencia ayer en comisión en el Parlamento. En la misma avanzó los primeros datos del grupo de trabajo para la evaluación de las entidades instrumentales tras cuatro reuniones. Han detectado 31 sistemas de gestión de recursos humanos diferentes, un dato que evidencia, según Bendodo, una política en los entes «desorganizada, descoordinada, incoherente, ineficaz e ineficiente», como ha denunciado la Cámara de Cuentas numerosas veces.

El sector instrumental andaluz público lo componen, según Bendodo, 12 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres agencias de régimen especial, 16 sociedades mercantiles, 17 fundaciones y 12 consorcios. Cuentan con 26.045 empleados, cuyas nóminas cuestan mil millones de euros anuales.

Bendodo avanzó que para final de año el grupo de trabajo propondrá un paquete de medidas que aplicar a los entes. Recordó la auditoría externa que se encargará para la que el Presupuesto de 2019 destina una partida de cinco millones de euros. Esta partida es fruto del acuerdo con Vox para la aprobación del Presupuesto. El acuerdo del bipartito con Vox incluye otros 15 millones de euros para la reestructuración del sector público el próximo año.

El PSOE opina que parte de estos 15 millones se destinarán a despidos del personal laboral. Por ello, la diputada socialista, Ángeles Férriz, interpeló a Bendodo sobre el cierre y despido de empleados públicos de las agencias, recriminando al Gobierno PP-Cs sobre «la incertidumbre» generada en el sector. La pregunta dio pie a un debate político en el que Bendodo no aclaró si habrá o no cierres de entes o despidos. Reiteró que las personas que entraron por el método de oposición bajo criterios de igualdad, mérito y capacidad no tienen nada que temer, aunque no asegura lo mismo para los que accedieron por tener carnet del PSOE. Según dijo, las agencias estaban en algunos casos «blindadas a los ciudadanos» sin carnet.

Férriz le retó a que fuera «valiente», dejara de jugar al «escondite» y dijera cuántos «enchufados» ha encontrado, acusándole de demagogia sobre ello. Bendodo reconoció que aún no sabe el número «de los suyos», en alusión al PSOE, «pero una barbaridad, seguro».

Rifirrafe y datos nuevos

Al margen del rifirrafe, Bendodo expuso datos de la maraña de entes heredada que, en su opinión, son muy mejorables aunque comparta el objetivo y la función de la mayoría, observación esta que difiere de la mantenida por el PP cuando estaba en la oposición. Además de los 31 sistemas de gestión de recursos humanos diferentes, 11 de ello externalizados, «privatizados», remarcó, también se han detectado 38 sistemas económicos- financieros diferentes; plantillas estancas con problemas de dimensionamiento sin homogeneidad alguna entre las categorías laborales de las diferentes entidades.

Seguros de vida

También se ha descubierto régimen de incompatibilidades diferentes para el personal que presta su servicio en estas entidades con respecto al de otras fórmulas de agencias o incluso pagos de seguros de vida o de seguros de salud reconocidos en convenios, con el agravio comparativo al personal funcionario que no tiene esas mismas coberturas.

El objetivo final de las auditorías y del equipo de trabajo sobre la situación de los entes es que la Junta de Andalucía «funcione mejor», que los recursos públicos «se utilicen adecuadamente», y que el empleo público se rija por los principios constitucionales «de igualdad, mérito y capacidad». «Ya no habrá que tener carné del PSOE para trabajar en la Junta», apostilló Bendodo, sin aclarar en ningún momento la cuestión planteada por Férriz.

El vicepresidente y consejero de Turismo y Regeneración, Juan Marín, que coordina el equipo de trabajo sobre los entes, ha apuntado que el anterior Gobierno socialista gastó más de 80 millones de euros en indemnizaciones por despidos improcedentes en empresas públicas. Con ello el Gobierno advierte al PSOE de no caer en cinismo político, pero también alienta la creencia en despidos.