El Gobierno andaluz crea un comisionado de la Concordia para reformar la ley de Memoria

Bravo y Bendodo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno/EFE
Bravo y Bendodo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno / EFE

La iniciativa responde al pacto del PP con Vox, aunque Bendodo asegura que solo se hará si hay consenso de los partidos y, mientras, se desarrollará la que está en vigor

MARIA DOLORES TORTOSASEVILLA

El Gobierno andaluz dio el visto bueno ayer a otra fase de la estructura de las once consejerías del bipartito PP-Cs con 122 nombramientos. En ella se incluye la creación de la figura del comisionado para la Concordia, que sustituirá a la dirección general de Memoria. Su principal mandato, explicó el portavoz, Elías Bendodo, es obtener el consenso de todos los partidos para la reforma de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada por el Parlamento en marzo de 2017 sin ningún voto en contra.

Las competencias sobre memoria histórica están adscritas a la Consejería de Cultura y Patrimonio, llevada por el PP, en concreto su titular es Patricia del Pozo. De ella dependerá el comisionado para la Concordia, aún por nombrar. La creación de esta figura y su objetivo de reformar la actual norma responde al pacto que el PP firmó con Vox para la investidura de Juanma Moreno como presidente. Cs se desligó tanto de este acuerdo como se mostró en contra de reformar la ley de Memoria, pero ahora ha cedido. Igual respaldo ha dado Cs para que la comisión de Cultura y Patrimonio en el Parlamento, en la que se incluye la materia de memoria histórica, sea presidida por una diputada de Vox. La elegida es la diputada por Málaga Ana Gil Román, quien homenajeó en la red Twitter a Primo de Rivera con un poema.

Bendodo insistió en que la ley de Memoria no será reformada si no hay consenso político de todos los partidos para ello. Mientras tanto, añadió, la persona que sea nombrada como comisionado tendrá que desarrollar la actual ley en vigor, incluidas las partidas presupuestarias para la exhumación de fosas con fusilados en la guerra civil. «Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares, eso la ley lo garantiza y el PP lo asume», dijo Bendodo.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno justifica esta reforma en que la ley vigente no fue consensuada por todos los partidos. Recordó que al PP y Cs se le rechazaron numerosas enmiendas, aunque al final los dos partidos se abstuvieron en la votación.

PSOE y Adelante reaccionaron ayer en contra al considerar la reforma una cesión a Vox. «Al día siguiente de la profanación de la tumba de las 13 Rosas, el Gobierno de Andalucía, de PP y Cs, paga el apoyo de Vox. Sabemos quién manda», afirmó el senador y delegado de Comunicación del PSOE, Miguel Ángel Vázquez. «La ultraderecha comienza a marcar la agenda política del nuevo Gobierno andaluz», sostuvo por su parte el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo.

Lo del comisionado no es el único guiño a Vox en la nueva estructura del Gobierno de la Junta ni la única cesión de la formación naranja. Este partido también ha dejado que las políticas de familia, de lógica inclusión en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales gestionadas por Cs, estén adscritas a Salud, que lleva el 'popular' Jesús Aguirre. Aunque en Igualdad aparece una secretaría general de Conciliación e Infancia, desde el Gobierno se asegura que las políticas de familia dependerán de la secretaría general de Familias, de nueva creación y a cuyo frente estará Ana Mata Rico, vicepresidenta de la Diputación de Málaga. Vox exigió en su acuerdo con el PPla creación de una consejería en exclusiva de Familia.

Bendodo admitió «tiras y aflojas» en las negociaciones del reparto de áreas entre PP y Cs, aunque insistió en que el acuerdo ha sido «satisfactorio» para ambas partes y la relación de los dos partidos en el Gobierno es «magnífica». Para conseguirlo, los dos partidos se comprometieron a no vetarse uno al otro los nombramientos de cada parte.

Bendodo subrayó el ahorro de 6,5 millones de euros para las arcas públicas en cuatro años (1,625 millones por año) con la reducción de entre el 12 y el 13% de cargos respecto al ejecutivo socialista anterior, tanto en la administración central como en la periférica.