El fiscal dice que Griñán conoció los avisos y debió parar las ayudas

Griñán escucha la exposición del fiscal junto a Chaves en el juicio ayer./RAÚL CARO/EFE
Griñán escucha la exposición del fiscal junto a Chaves en el juicio ayer. / RAÚL CARO/EFE

Los avisos del interventor general eran «suficientemente relevantes» como para que el entonces consejero de Hacienda hubiese tomado medidas

IDEALSEVILLA.

El fiscal considera que en el juicio del caso ERE «ha sido plenamente acreditado» que el expresidente José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda del 2004 al 2009, era destinatario de los informes del interventor y ante sus avisos de irregularidades «pudo y debió» parar las ayudas investigadas. El fiscal Manuel Fernández Guerra continuó ayer exponiendo su informe final, concretando la participación en los hechos investigados de cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados, en los que basa su acusación, informa Efe.

En el caso de Griñán, para el que pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, señaló que «no cabe la menor duda» de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios previstos en la norma de los informes de control financiero permanente de la agencia pública IDEA, a través de la cual se pagaban las ayudas que concedía la Consejería de Empleo, aunque se le enviaran vía su viceconsejera, la también acusada Carmen Martínez Aguayo.

En esos informes el interventor alertó del «uso inadecuado» de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagarlas y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» y asumiendo compromisos por encima del crédito presupuestado cada año.

El Ministerio Público reprodujo la declaración que voluntariamente hizo en 2015 el exinterventor general Manuel Gómez -también procesado en este juicio- ante el Tribunal Supremo, que instruyó la causa respecto a Griñán inicialmente por ser entonces aforado como senador, en la que dejó claro que sus avisos eran «suficientemente relevantes» como para que Griñán tomara medidas. Entonces el exinterventor dijo que como consejero de Hacienda responsable de velar por las arcas públicas, Griñán pudo ordenar a la Consejería de Empleo dejar de tramitar las ayudas, informar al Consejo de Gobierno de las irregularidades detectadas y «podía perfectamente ordenar que se suspendieran los pagos» de las mismas.

El juez instructor del Supremo, sin embargo, no acusó a Griñán de prevaricación, como sí la Fiscalía y el juez instructor de Sevilla, razón por la que se enfrenta a seis años de prisión. El fiscal ha defendido que desde 2015 hasta el fin de la instrucción por el Juzgado 6 de Sevilla en 2016 (que incluyó la investigación sobre Griñán al dejar de ser aforado), las diligencias practicadas sí permitieron concluir la existencia de tales indicios que «han sido plenamente acreditados» en este juicio.

Los fiscales han incidido en que, por una u otra vía, además de Griñán, conocieron los reiterados avisos del interventor sobre las irregularidades en la concesión de estas ayudas, su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo -que afronta la misma pena que Griñán-, así como los exconsejeros de Empleo e Innovación Antonio Fernández y Francisco Valllejo o los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román -que se enfrentan a 8 años de prisión-.

Unos informes en los que fue «clave» el adicional elaborado en 2005 (sobre el ejercicio 2003) para el que el interventor pidió a la Dirección General de Trabajo una muestra de 20 expedientes de concesión de ayudas de cuyo análisis sacó hasta 18 «graves deficiencias» que le llevaron a concluir que se estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido». «No cabe alegar que son numerosos los informes que llegan de la Intervención para justificar la no lectura», ha expuesto el fiscal en alusión a lo declarado por Martínez Aguayo durante la instrucción y en el juicio.

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