El director de la Oficina contra el Fraude conserva su sueldo de juez, un 25% más que Juanma Moreno

Puyol Sánchez conservará su sueldo como magistrado, aun cuando su posición dentro de la estructura institucional de Andalucía se ha asimilado a la de un viceconsejero.

La Ley del Presupuesto de Andalucía de 2021 establece que la retribución de un viceconsejero del Gobierno andaluz es de 60.618,84 euros, repartidos en 12 pagas. Puyol Sánchez es magistrado con destino en la Sección II de la Audiencia Provincial de Granada.

A Puyol Sánchez le corresponde un salario mensual íntegro de 6.198,39 euros en su condición de magistrado por la suma de estos conceptos: sueldo, trienios y complemento de destino.

La Mesa del Parlamento de Andalucía acordó el 14 de octubre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que el sueldo del director de la Oficina contra el Fraude serán «las retribuciones establecidas para los viceconsejeros de la Junta de Andalucía», aunque introduce el matiz de que, en su caso, «no podrá percibir retribuciones inferiores a las que le correspondiera en el puesto de trabajo que desempeñaba en su Administración de origen».

La Mesa del Parlamento ha determinado que, para paliar esa diferencia entre su rango jerárquico en la Administración autonómica con el salario que le corresponde como magistrado, en favor de Puyol Sánchez «se devenga un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva» y para cuyo cálculo, en cómputo anual, se contabilizan «las cantidades que percibe en su puesto de origen en concepto de sueldo, trienios y complemento de destino».

«Este complemento se actualizará en el mismo porcentaje en que lo sea el incremento general de retribuciones del personal al servicio del Parlamento de Andalucía», ha determinado el órgano de gobierno de la Cámara autonómica, que añade seguidamente que Puyol Sánchez «absorberá cualquier otro incremento superior a este en las retribuciones del puesto de director de la Oficina».

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado que el director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude perciba «una cantidad fija de 500 euros brutos mensuales» en concepto de indemnización por los gastos de alquiler de vivienda o de alojamiento al esgrimir que «tiene su domicilio habitual en un municipio que se encuentra a más de 60 kilómetros de Sevilla».

Para la definición de domicilio habitual la Mesa del Parlamento se remite al Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 31 de octubre de 2000, que estableció la indemnización para los gastos de vivienda y alojamiento.

El Acuerdo de la Mesa del Parlamento apunta la creación de tres puestos de trabajo al servicio de la Oficina, que «se realizará mediante comisión de servicios entre funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía pertenecientes a los correspondientes subgrupos».

Se trata de un asesor técnico jurídico, de nivel 28 y un complemento específico de 23.942,88 euros; un asesor técnico de régimen económico, de nivel 26 y un complemento específico de 18.578,64 euros; y de un secretario de Dirección de la Oficina con un nivel 22 y un complemento específico de 16.443 euros.

El órgano de gobierno de la Asamblea Legislativa andaluza ha precisado que esa comisión de servicios «tendrá una duración máxima de un año», de manera que superado ese periodo «se extingue el correspondiente puesto de trabajo cuando se apruebe y cubra la relación de puestos de trabajo de la Oficina». El funcionario beneficiario de la comisión de servicios volverá a la Administración de la que proceda.

«El Parlamento de Andalucía proporcionará a la Oficina los medios materiales precisos para el desarrollo de sus funciones y le prestará, a esos efectos, la colaboración del personal a su servicio», señala el Acuerdo de la Mesa del Parlamento.