Aprobada la reforma que sitúa a Andalucía entre las cinco comunidades con menor presión fiscal
La bajada de impuestos tendrá efectos a partir del año que viene, por lo que se podrá aplicar en la declaración de la renta que se presenta en 2023
héctor Barbotta
Sevilla
Jueves, 14 de octubre 2021, 00:00
Los partidos que sustentan al Gobierno andaluz consiguieron ayer sacar adelante en el Parlamento la reforma fiscal al sumar sus votos a Vox, el socio ... parlamentario, cuyo grupo fue uno de los proponentes de la nueva norma. La Ley de Tributos Cedidos, que afecta a toda la estructura de los impuestos bajo competencia de la Comunidad Autónoma, salió adelante por 58 votos a favor y 50 en contra. La votación trazó una clara línea de división por bloques ideológicos. De un lado, los partidos del Gobierno y sus socio parlamentario; del otro, el PSOE, Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía.
Al tratarse de dos textos idénticos, luego unificados en un solo dictamen, presentados por el PP y Ciudadanos por un lado y el PP y Vox por el otro, tanto el partido naranja como la formación de Abascal reclamaron el derecho de autor de la nueva norma, que según la Junta sitúa a Andalucía entre las cinco comunidades con menor presión fiscal de España.
El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que asistió a la sesión plenaria, aseguró que se trata de una reforma que beneficia a la mayoría de los andaluces y que «todos salen beneficiados» por esta norma, que culmina un proceso de tres años consecutivos de bajada de impuestos. Según el presidente, es algo que parecía imposible y que ya coloca a Andalucía entre las cinco comunidades más competitivas fiscalmente, lo que se traducirá en mayor inversión y crecimiento económico.
Para Moreno, la mejor prueba es que desde que comenzó a aplicarse por la Junta la política de bajada de impuestos, se ha conseguido aumentar la recaudación en 600 millones de euros gracias al aumento del número de contribuyentes en 135.000 personas.
El presidente se vanaglorió de que la pandemia no ha detenido la agenda reformista del Gobierno. «Las sociedades que avanzan son aquellas que son capaces de no presionar hasta la extenuación a sus ciudadanos», señaló.
La Ley adelantará su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para aquellas medidas relativas a los tipos reducidos de las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) aplicables a la adquisición de vivienda habitual por parte de determinados colectivos.
El objetivo es facilitar la aplicación inmediata de los beneficios fiscales a los nuevos colectivos contemplados -víctimas de terrorismo y de «violencia doméstica» (según viene recogido en la ley) y los habitantes de municipios con problemas de despoblación-, y la ampliación de los que ya se beneficiaban: jóvenes menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad, mediante la elevación de los precios máximos de adquisición de la vivienda exigidos en la norma, que persigue contribuir al apoyo al empleo y a la recuperación económica de la comunidad andaluza. El resto de medidas entrará en vigor el 1 de enero de 2022. De esa manera, se podrán aplicar en las declaraciones de la renta que se presenten en 2023 y tendrán efecto en las cuentas públicas a partir de 2024.
El consejero, Juan Bravo, incidió en que las medidas recogidas en la Ley se marcan como objetivo «fomentar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias y a las personas con discapacidad, a los creadores de empleo: empresarios, emprendedores y autónomos, y hacer frente al reto demográfico en municipios de menos de 3.000 habitantes», entre otros.
El diputado Carlos Hernández White, que intervino por Ciudadanos, reivindicó el carácter a su juicio liberal de la ley y negó que la norma rompa el principio de progresividad, mientras que Alejandro Hernández, de Vox, lamentó lo que consideró una «ofensiva mediática» para ocultar la participación de su partido. Celebró que si la recaudación se resiente habrá que gastar menos y por lo tanto habrá mejor control y gestión y advirtió de que para mantener los servicios públicos habrá que ir «a fórmulas público privadas», que en su opinión tienen mayor eficacia en el control del gasto.
Desde la izquierda, las críticas fueron descarnadas. El parlamentario socialista Antonio Rodríguez de Arellano aseguró que la ley es apenas una «minirreforma fiscal para favorecer a los que más tienen», ya que afectará a sólo el 0,8% de los ingresos y señaló que su aplicación no supondrá un aumento de la inversión, que en su opinión estará determinada principalmente por el ciclo económico. «No se puede reclamar mayor financiación y rebajarles los impuestos a los más ricos», señaló además de criticar que se incluyan en la rebaja a los casinos y casas de apuestas.
También Guzmán Ahumada, de Unidas Podemos, cuestionó que la reforma fiscal vaya a traducirse en creación de empleo, aseguró que no respeta el principio de progresividad y adelantó que tendrá una repercusión negativa en la financiación de los servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad.
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