Andalucía amplia el concepto de víctima y refuerza su protección en una nueva ley

Andalucía amplia el concepto de víctima y refuerza su protección en una nueva ley
JUNTA DE ANDALUCÍA

El Parlamento ha aprobado la reforma de la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género

EFESEVILLA

La aprobación de la reforma de la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la Violencia de Género por parte del Parlamento amplía el concepto de víctima e incluye la tipificación de las diferentes formas de agresiones contra las mujeres, además de reforzar su protección.

Con el apoyo de todos los partidos, salvo de IU que se abstuvo, Andalucía adecúa su legislación al convenio del Consejo de Europa de Estambul de 2011, vinculante en el ámbito europeo, y se adapta a los cambios de la regulación estatal en aspectos como el estatuto de la víctima y la protección de la infancia y la adolescencia.

«Compartimos un día especial, de extraordinaria importancia por una ley que llega tras un 8 de marzo en el que las mujeres ha salido a la calle para exigir igualdad, un futuro libre de violencia», ha asegurado la consejera de Justicia, Rosa Aguilar.

La principal novedad es la ampliación del concepto de víctima de violencia de género, ya que además de a los menores incluye a otros colectivos como personas mayores, con discapacidad o dependientes que estén sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento.

Especifica los distintos actos de agresión y maltrato atendiendo a su 'modus operandi' y al perjuicio causado, más allá de la actual referencia genérica a las formas de la violencia (física, psicológica, económica y sexual).

De este modo, tienen consideración de actos de violencia de género los que se producen en el ámbito de la pareja o expareja, con independencia de que exista o no convivencia; el feminicidio; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el acoso por razón de sexo o la trata de mujeres y niñas.

A estos supuesto se unen la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio precoz o forzado; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres y la derivada de conflictos armados.

También incluye la 'ciberviolencia', así como cualquier otra que lesione la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas (por ejemplo, ataques indirectos con intención de dañar o humillar).

Respecto a la protección, incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin necesidad de previa interposición de denuncia, una medida que ya se lleva a cabo en Andalucía.

La reforma legal garantiza el asesoramiento y el acompañamiento a las víctimas por profesionales especializados durante el proceso judicial y, en casos de renuncia al mismo, son derivadas a los servicios especializados de la Administración.

Además, reconoce los centros municipales de información a la mujer como unidades de referencia de atención e información y establece la Ventanilla única de violencia de género.

También queda regulado con rango de ley el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, que funciona desde 2010.

Soledad Pérez, del PSOE-A, cree que se da un «gran paso» contra la violencia machista al poner el «foco» en los maltratadores, en la ampliación de derechos y protección de las víctimas. «Con esta ley va a rugir el patriarcado», ha sostenido.

La popular Rosalía Espinosa, pese a su apoyo, ha tildado de «exigua» la partida económica para afrontar la atención y protección a las víctimas y ha expresado su preocupación por no quedar incluidas algunas de las medidas del Pacto de Estado.

Por su parte, la diputada morada Begoña Gutiérrez ha puesto en valor el consenso alcanzado en una norma de la que ha destacado que ninguna mujer tendrá que denunciar para ser protegida, el refuerzo en la protección y la ampliación del concepto de víctima.

Para Marta Bosquet (Ciudadanos) la ley «pone soluciones» a una lacra insostenible «comparable» al terrorismo y representa un «avance» para ayudar y proteger a las víctimas.

Elena Cortés (IU) ha destacado la ampliación de la tipología sobre violencia, aunque cree que «no supone» un verdadero cambio legal al «no» contemplar medidas para detectar la violencia, por haberse quedado «atrás» la violencia institucional y la «escasa» dotación económica de la nueva ley.

Fotos

Vídeos