Andalucía acude al CPFF con el rechazo a la quita de la deuda, que obliga a seguir pagando intereses

La postura inicial de rechazo por parte del Gobierno andaluz a la iniciativa formulada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, lejos de modificarse se ha ido consolidando a medida que en la Consejería de Hacienda se han ido recibiendo más detalles de la propuesta.

Montero comunicó que se condonarían 83.251 millones de euros de la deuda que las comunidades de régimen común –es decir, excluyendo a las dos comunidades forales, País Vasco y Navarra– mantienen con el Estado, y que ese total se repartiría siguiendo el criterio de población ajustada, con lo que a Andalucía le corresponderían 18.791 millones de euros. La deuda total de la Administración autonómica es de unos 40.000 millones, de los que el 62 por ciento es con la Administración central; el 14 por ciento, con entidades financieras y otro 14 por ciento, por bonos y deuda emitida.

En un principio, la Junta de Andalucía rechazó la propuesta, ya que lo que reclama es un nuevo sistema de financiación autonómica que le permita dejar de ser una comunidad infrafinanciada –recibe cada año 1.522 millones de euros menos que la media de todas las comunidades– y que mientras tanto se cree un fondo de nivelación mediante el cual percibir de forma adicional esa cantidad. Frente a eso, la Junta entendía que la condonación de 18.791 millones de euros sólo se le permitía ahorrarse los 140 millones de euros anuales que esa parte de la deuda genera. Ya el lunes el Gobierno andaluz consideró que se trataba de migajas en relación con la necesidad de mejorar de financiación que tiene la Administración autonómica.

La información que este martes ha ido llegando desde el Ministerio de Hacienda para la preparación de la reunión del CPFF, lejos de inducir a un cambio de postura en el Gobierno andaluz la ha ratificado. En el punto quinto de la propuesta elaborada por Hacienda se señala que las medidas de absorción de deuda sólo alcanzarán al capital, sin que incluyan a los intereses. Ello supone que hasta tanto se produzca el vencimiento de los préstamos, la Junta deberá seguir abonando esos intereses, lo que significa, según la interpretación que se hace desde el Gobierno andaluz, que la medida no es más que un apunte contable sin repercusión práctica alguna sobre las cuentas de la Administración. «No es verdad que nos vayan a dar 18.000 millones», aseguran en Hacienda. Con la propuesta del Gobierno, en realidad ni siquiera se materializaría ese ahorro de 140 millones de euros al año.

La práctica habitual en la deuda entre administraciones es que la deudora va abonando los intereses sin amortizar capital, y cuando se produce el vencimiento el préstamo se renueva automáticamente. En esta caso, la Junta sólo dejaría de pagar los intereses en el momento de la amortización total, cuando ya no sería necesario renovarlo. Una oferta que en la Junta considera inaceptable cuando a lo que aspira es a igualar su financiación a la media de las comunidades autónomas.