Podemos hace bandera de la negativa a un proyecto de Gas Natural en Doñana

Una solución salomónica que sigue irritando a los grupos ecologistas, aunque esté sujeta a la ley. El partido morado, que cuenta en el Parlamento con 15 diputados, se hizo eco de este rechazo e inició hace dos semanas una ofensiva contra el Gobierno andaluz haciéndole responsable de que comenzaran los trabajos para la construcción de un oleoducto en el entorno de Doñana.

Una ofensiva protagonizada por la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, incluso en una interpelación a la presidenta en una sesión de control. Ya en ella,y posteriormente, Rodríguez ataca a Susana Díaz relacionando que se siga con parte del proyecto con el hecho de que Felipe González «ha pasado de ser dirigente del Consejo de Participación en Doñana a ser miembro del consejo de administración de Gas Natural en un proceso que cronológicamente se corresponde con la aprobación de este proyecto».

Felipe González ha sido consejera de Gas Natural Fenosa desde 2010 a 2015 y dejó, después de cuatro años, la presidencia del Consejo de Participación de Doñana en diciembre de 2012, pocos meses antes de que el Gobierno central diera el visto bueno al oleoducto.

Teresa Rodríguez, que conoce que el expresidente es uno de los grandes referentes de Susana Díaz, alude de forma insistente al efecto de las «puertas giratorias» como causa principal de la continuidad del proyecto, obviando que el Gobierno lo avala.

Como nueva medida de presión, Podemos anunció ayer que solicitará a la comisión antifraude del Congreso que investigue la posible relación de Felipe González con el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana, informó la diputada por Sevilla Auxiliadora Honorato.

La extracción de gas en el entorno de Doñana se realiza desde los 80. En 2008 la empresa gasística pide permiso para abrir nuevos pozos y construir un almacén subterráneo para su almacenamiento. La propuesta que afecta a las proximidades del espacio de Doñana consta de cuatro proyectos: Saladillo, Marismas Occidental, Marisma Oriental y Aznalcázar. Todos ellos obtuvieron del Gobierno central la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2013, año en el que la Junta intenta pararlos sin mucho éxito por la amenaza de la indemnización.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, defendió la actuación de la Junta ante la pregunta en el Parlamento del diputado de Podemos Jesús Romero. Recordó que la Junta no otorgó la autorización ambiental unificada (AAU) al proyecto Marismas Oriental, por su afección negativa a este espacio natural, aunque admitió que no pudo hacer lo mismo con las otras partes. Fiscal lamentó que Podemos vaya contra la Junta y no contra el Ejecutivo del PP, que es el que avala los proyectos. Podemos considera que es la Junta la que puede frenar el almacén de gas por sus competencias en medio ambiente. Romero habló de que las autorizaciones carecen de estudios fundamentales, como los sísmicos.

En esta polémica Junta y Podemos sí coinciden en reconocer como una artimaña para lograr los permisos que Gas Natural haya dividido el proyecto en cuatro partes y los informes de impacto deban ser por tanto individuales. La Junta pugnó por una evaluación global que analizara los impactos acumulativos en Doñana, una exigencia que fue transmitida al Gobierno central y que no se consideró, explicó el consejero.