Educación discrepa del Defensor sobre el acoso en las aulas andaluzas

Maeztu alerta de un aumento de las quejas por este problema y critica la tardanza en responder, mientras que la Junta no ve relevante 358 casos denunciados en dos millones de alumnos y asegura que han disminuido por sus planes de convivencia

Lola Tortosa

Sábado, 2 de julio 2016, 00:10

«Un solo caso de acoso escolar es suficiente para no bajar la guardia en los colegios e institutos, pero en Andalucía la convivencia entre ... el alumnado es tranquila. Hay acoso, sí, pero, según el Observatorio para la Convivencia Escolar, solo afecta al 0,03% entre dos millones de escolares de Andalucía». Esta es la opinión que responsables de la Consejería de Educación de la Junta andaluza transmitieron ayer como respuesta a una información el día antes del Defensor del Pueblo y del Menor, Jesús de Maeztu, que denunció un aumento de las quejas por acoso e hizo críticas veladas a la respuesta de la administración, tildada incluso de «errónea», que no gustaron nada al departamento que dirige Adelaida de la Calle.

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Maeztu mencionó su preocupación por el «aumento progresivo» de las quejas de acoso escolar en la explicación este jueves sobre el informe del menor que de manera anual entrega al Parlamento, del que depende su oficina. En ese documento se registra una treintena de quejas referidas al acoso a niños en colegios entre las 405 del ámbito escolar, la mayoría referidas a los procesos de escolarización y también a la educación especial.

Esa treintena de quejas es un dato muy por debajo de la cifra que la Consejería de Educación ofreció ayer, 358 situaciones denunciadas y confirmadas el curso 2014-15, según los datos del Observatorio hechos públicos el pasado mayo. Una cifra que la Consejería insiste se ha producido en el contexto de dos millones de alumnos. Lo que Maeztu alerta es del incremento de estas quejas en su oficina, advirtiendo además de que ni en el caso de las reclamaciones ni en el de las denuncias las cifras son las reales, ya que suele haber un «gran silencio» en torno a esta problemática por parte incluso de las familias.

Para el Defensor el acoso escolar es un problema «muy grave» tan a tener en cuenta que su oficina ha encargado un informe especial cuyas conclusiones confía en que estén para finales de año. Maeztu opina, según recoge Europa Press, que el problema se solucionaría con rapidez con medidas que recomienda, entre ellas la de sacarlo a la luz para incitar a que nadie guarde silencio. Así propone un registro de casos, la formación de profesionales para la detección temprana, ya que muchas veces -observó- el acoso se averigua cuando el niño está «machacado». También sugiere un mayor control y coordinación. Maeztu recriminó que pese a la dimensión alcanzada todavía en algunos foros el problema no se considere alarmante y tachó de «erróneas» las soluciones ofrecidas en muchos casos.Entre ellas insinúa la del cambio de colegio del menor acosado. Opina que el niño víctima de acoso por otro compañeros o docentes debe permanecer en el centro.

Réplica de la Junta

La nota de Educación ayer no hace mención alguna al Defensor, pero su contenido es una respuesta aclaratoria a las recriminaciones de Maeztu. Hace hincapié en la «buena convivencia» del alumnado y en comportamientos mayoritariamente «adecuados a las normas de convivencia» de los centros y asegura que cuando se detecta un caso de acoso escolar se pone en marcha «de manera inmediata un protocolo de actuación»

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La Consejería señala que el Observatorio para la Convivencia Escolar subraya en su documento de mayo que durante los últimos cuatro cursos «se ha producido un descenso en los porcentajes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales en las aulas fruto de los planes de convivencia y de las distintas medidas puestas en marcha a partir de 2011, en las que Andalucía es pionera». Una aseveración contraria a la percepción del Defensor.

Solo un 1,88% del alumnado realizó en el curso 2014-15 alguna conducta gravemente perjudicial para la convivencia, como el acoso, la suplantación de la personalidad, falsificación o sustracción de documentos, amenazas o agresiones.

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