El laberinto judicial de los cursos de formación

Para el Gobierno de Susana Díaz, quien en su declaración ante la comisión de investigación del Parlamento insistió en que no hay fraude porque el dinero mal justificado aún se puede recuperar, este archivo supuso un respiro tras dos años de vapuleo informativo por las numerosas imputaciones de delitos y detenciones de la Policía y la Guardia Civil a cargos y funcionarios de Empleo en las ocho provincias.

El auto de la jueza Ballesteros afirma no haber encontrado «irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones» y discrepa de las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que sí halla presunta malversación y prevaricación en la actuación de la cúpula de cargos y técnicos en la materia de la Junta.

Para el Gobierno autonómico este archivo puede significar un antes y un después en el proceloso caso de los cursos de formación, por el que el juzgado 6 de Sevilla tiene investigados a varios exconsejeros autonómicos. Se trataría, según estas fuentes, de la primera señal de que la macrocausa empieza a desinflarse y no habrá segunda parte del 'caso ERE'. Si bien, para otras fuentes jurídicas conocedoras del curso de las instrucciones, tal cosa no parece tan clara. Advierten, por ejemplo, de la discrepancia de la jueza de Jaén con su colega de Huelva, el titular del número 5, Javier Romero, quien en otro auto solo tres semanas antes censuraba a la Junta de «falta de control en todas las fases» y la hacía responsable del «despilfarro» en los cursos de formación.

Las discrepancias entre ambos jueces sobre el papel de la Junta en el supuesto pillaje de empresarios y entidades para ganar dinero con subvenciones para cursos abren un horizonte incierto en el laberinto de causas judiciales. El que las instrucciones se hallan multiplicado obedece en parte al informe de la UDEF de 2014 y a la Fiscalía, que extienden las presuntas irregularidades detectadas en la provincia de Málaga, el llamado 'caso Edu', a todas las provincias andaluzas. Pero no solo la Policía investiga, también lo hace la Guardia Civil. Y aún más, en el juzgado 6 de Sevilla su anterior titular, Mercedes Alaya, abrió una macrocausa que pretendía abarcar a todas las provincias y que heredó María Núñez Bolaños.

Inhibición

Algunos jueces coincidieron en inhibirse en favor del número 6 de Sevilla, sobre todo en lo concerniente a la investigación de la parte política del caso, la que debe dilucidar si hubo o no prevaricación y malversación. Así ocurrió con el juez del número 1 de Granada, Basilio Miguel García Melián, quien en un auto de abril de 2015 se inhibió a favor de la entonces todavía jueza instructora Mercedes Alaya, al entender que los máximos responsables políticos se hallan en la administración central con sede en Sevilla y debe ser un juzgado de esta jurisdicción el que investigue.

Alaya mantuvo que el Gobierno de la Junta había establecido una «red clientelar» con los cursos de formación y enviaba «órdenes» a las delegaciones provinciales para que no se controlara el dinero. El juez de Granada, lo mismo que el de Huelva, asumió hace un año esta tesis de Alaya. En su auto, García Melián considera «patente» que el «presunto fraude masivo» ocurrido en las distintas provincias andaluzas «se haya podido realizar a la vista, ciencia y paciencia de quienes asumen la responsabilidad de gestionar dichas subvenciones».

Los excargos políticos y altos funcionarios que han pasado por la comisión de investigación han desmentido tales extremos. La jueza Ballesteros de Jaén sostiene lo mismo: Afirma en su auto de esta semana que no existen «razones para suponer, sospechar o presumir» que los fondos propios que la Junta destina al pago de tales subvenciones fueran «malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración». «Resulta manifiestamente absurdo - añade-, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espúreas por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral».

Fraude

Las discrepancias no solo alcanzan al papel de los políticos y funcionarios en el control de las ayudas, sino también a la consideración de que las ayudas investigadas, desde 2009 a 2011, constituyera un «fraude masivo» como lo califica el juez de Granada. Una colega suya de Almería, María Dolores Fuentes Mullor, archivó en abril la investigación sobre la empresa Aplinfo, denunciada por la UDEF por fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental, advirtiendo no solo que no había indicios de tales delitos, sino que en el caso de fraude en subvenciones era imposible aplicárselo, dado que la ayuda recibida no superaba los 120.000 euros que marca la ley para calificarlo como tal.

Esta advertencia sobre el equívoco en la consideración de fraude ya la han hecho los fiscales del 'caso Edu' en Málaga, que han pedido el archivo a algunos investigados. En el auto de la jueza de Jaén Carmen Ballesteros esta también advierte algo parecido, anotando además que al tratarse de expedientes de ayudas vivos aún se está en fase de recuperación del dinero: «Si el fraude investigado no alcanza el 15 por ciento de la totalidad de la cuantía destinada al pago de subvenciones, si tras el examen de los expedientes y sus requisitos la propia administración incoa expedientes de reintegro y ha conseguido la restitución de lo indebidamente abonado o está en trance de hacerlo, incluso en vía de apremio, parece cuando menos innecesario realizar mayores apreciaciones sobre la inexistencia de fraude generalizado», señala.

Para algunos expertos consultados, nadie descarta conclusiones distintas en la instrucción de los cursos. Si bien, hay expectación por la vía que tome la actual titular del número 6, María Núñez Bolaños, sobre todo en lo concerniente a la clase política. Núñez ha dividido en piezas la macrocausa y, como en la de los ERE , también hay una parte destinada a esclarecer si hubo o no prevaricación o malversación en los responsables políticos y técnicos de la Junta. Habrá que ver si la magistrada se inclina por la teoría de su colega de Jaén o por la de los jueces instructores de Huelva y Granada.