Núñez Bolaños dice haber puesto «orden» en el juzgado de los ERE

Núñez Bolaños, doctora en Derecho y procedente de un juzgado de familia, supuso un antes y un después en la gestión de las macrocausas y en la propia comunicación del trabajo de un juzgado con tanta expectación mediática. La prueba de ese cambio la dio ayer al acceder de forma natural a responder a los periodistas de tribunales sobre su balance del primer año en el juzgado 6. Mercedes Alaya nunca accedió a hablar con los periodistas en sus 17 años al frente del despacho.

La jueza Núñez manifestó que al tomar posesión del puesto se fijó como objetivo «poner orden» y «organización» en un juzgado con deficiencias de personal dado el volumen de trabajo, todo relacionado con la gestión de la Junta en materia de empleo y subvenciones a empresas. Orden que opina que ha conseguido por el refuerzo de personal tanto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como de la Junta de Andalucía pese a la complejidad de las causas heredadas.

Alaya le había legado la macrocausa de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos con más de 250 investigados; la de los cursos de formación, también con el punto de mira en los gobiernos socialistas; la de los avales de la agencia pública de la Junta IDEA y flecos del caso origen de todo, Mercasevilla.

En su opinión, Alaya le dejó «un gran trabajo», pero de una gran complejidad y dificultad, «un trabajo muy complicado que ha requerido de mucho esfuerzo». «Para mí lo fundamental es que había que poner orden, organización, era necesario más gente trabajando, eran necesarios refuerzos, y yo he contado con esa ayuda», explicó a los periodistas, informa Europa Press.

Alaya ya había reclamado personal administrativo a la Junta de Andalucía y se había quejado muchas veces de no contar con el preciso, pero nunca aceptó ningún juez de apoyo que investigara con ella las macrocausas pese a la oferta en este sentido del presidente del TSJA, Lorenzo del Río. Alaya solo admitió un juez de refuerzo para asuntos ordinarios del juzgado, siendo el último Álvaro Martín.

Núñez Bolaños aceptó compartir con este el caso de los ERE y el TSJA nombró a Ignacio Vilaplana para el trabajo del día a día del juzgado. La juez también destacó ayer que la administración autonómica (la Consejería de Justicia e Interior) había cumplido reforzando con personal administrativo el juzgado. «Se ha formado un equipo bueno. El balance no puede ser más que positivo», respondió, según Efe.

Núñez accedió a compartir con Martín la causa de los ERE fruto del acuerdo con el Poder Judicial y el TSJA como vía de solución salomónica a la monumental bronca que ella y Alaya sostuvieron por el control de las macrocausas. Alaya pretendía quedarse con todas en comisión de servicio, pero ya con su plaza en la Audiencia asegurada. Al Poder Judicial no le pareció mal que cerrara la de los ERE, tras cuatro años y medio investigando, pero consideró que la nueva titular debía seguir con las otras, sobre todo la de los cursos, que acababa de empezar. Núñez también lo entendió así. Una carta de Alaya desacreditando profesionalmente a su sucesora y titular del juzgado obligó al Poder Judicial a apartarla del caso.

Reflexión

Núñez tardó solo un mes en tomar la decisión más rompedora respecto a la instrucción de su sucesora en el 'caso ERE', la de dividir el sumario en piezas, algo a lo que siempre se opuso Alaya. Núñez reflexionó ayer sobre esta decisión de la siguiente forma: «Tengo una frase fundamental, que es que la justicia lenta no es justicia. Si no hay solución, no hay solución, y si la solución llega tarde, tampoco es solución. La justicia tiene que ser ágil, y agilizar la tramitación e instrucción de una macrocausa para conseguir resultados pasa por la división». Su «gran objetivo», subrayó, era «dividir, simplificar, tramitar y agilizar» los procedimientos.

Solo un año después el juzgado ha cerrado la instrucción de la primera pieza de los ERE, la del procedimiento específico, la más polémica por investigarse a 26 cargos de la Junta como supuestos responsables penales de un procedimiento ilegal para conceder ayudas sin control previo y sin las garantías de pública concurrencia. Aunque a esta primera pieza le queda aún un recorrido hasta el juicio oral, Núñez Bolaños se muestra confiada en que todas las macrocausas se cerrarán cuanto antes.