La Audiencia apoya a Alaya y aparta a la Policía de la investigación de los cursos

Admite problemas de coordinación con la Guardia Civil y establece la competencia de la jueza para recurrir a un cuerpo de seguridad

LALIA GONZÁLEZ-SANTIAGO

La Audiencia de Sevilla ha ratificado la decisión de la jueza Mercedes Alaya de apartar a la Policía Nacional de la investigación de los cursos de formación. La polémica decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y se produjo en un contexto de fuerte pugna entre los dos cuerpos de seguridad, Policía y Guardia Civil, que por llevar a cabo las pesquisas, que se superpusieron y dieron lugar a operaciones precipitadas, como la detención por la UDEF (Unidad Especial de Delincuencia Económica) de la Policía, del exconsejero Ángel Ojeda.

La magistrada ya retiró a la Policía de la investigación del caso de los ERE y entregó el caso a la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Benemérita.

Así, en un auto conocido ayer, la sección primera de la Audiencia Provincial sevillana desestima el recurso del Ministerio fiscal en el que se solicitaba que se dejara sin efecto el auto por el que la jueza solicitaba al Director General de la Policía que cesasen de inmediato las actuaciones referidas las diligencias previas 966/14. La Audiencia reconoce, en línea con lo expuesto por Alaya, que «es obvio que la coordinación de ambos cuerpos parece que no siempre se ha producido en el curso de estas u otras investigaciones» y dice que la magistrada «intentó suplir las negativas consecuencias derivadas de esta doble intervención de la UCO y de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía».

La Audiencia considera que el magistrado instructor es el que tiene las «atribuciones y competencias para requerir el auxilio de un determinado cuerpo o unidad de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes».

Asimismo, la Audiencia matiza que la petición se refiere únicamente a las actuaciones que no están judicializadas y que sólo podía extenderse al objeto procesal de las diligencias previas 966/14.

Por otra parte, en otro auto la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación de Teresa Florido, exdirectora general de Formación y cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, una de las imputadas en las mismas diligencias sobre el mantenimiento de la medida cautelar de libertad provisional con la obligación de comparecer 'apud acta', porque dicha medida no fue solicitada por el Ministerio fiscal.

Por otra parte, mientras no se resuelve el reparto de causas del juzgado ayer la nueva titular, María Núñez Bolaños, dio ayer un nuevo paso que contradice la instrucción de su antecesora, y ha aceptado incorporar a la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares la documentación aportada por Mercasevilla en la querella que presentó el día 2 de marzo contra antiguos representantes de la empresa, sindicatos y ex altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta, a los que atribuye «hechos delictivos y perjudiciales» para las arcas públicas de esta sociedad en relación con el ERE de 2007.

La jueza Mercedes Alaya rechazó investigar esta querella dentro del caso y la mandó a reparto, según indica Europa Press, por considerar que no tenía relación con la causa de los ERE fraudulentos, pero Mercasevilla alega un informe de los peritos de la Intervención General del Estado.