La Policía detiene a una treintena de altos cargos y funcionarios por el fraude de la formación en Andalucía

La Policía Nacional asestó un duro golpe contra la administración andaluza al detener a una treintena de altos cargos y funcionarios de siete provincias por su implicación en el fraude de los cursos de formación. La tercera fase del conocido como 'caso Edu' prevé realizar hasta 130 detenciones en las próximas semanas, según fuentes policiales, que confirmaron que junto a los empresarios beneficiarios de las ayudas han sido arrestados y citados de declarar los exdelegados provinciales de Empleo en Jaén, Málaga, Córdoba, Cádiz y Granada.

Esta nueva fase, denominada Eduende, investiga la obtención irregular entre los años 2009 y 2011 de fondos públicos para cursos de formación para el empleo que no se llegaban a realizar o que presentaban diversas irregularidades en las empresas ofertantes, desde la falsificación de datos de los alumnos participantes hasta la falta de requisitos para acceder a las ayudas, la exigencia de parte de su sueldo a los profesores que impartían las clases, o el incumplimiento del compromiso de contratación posterior de los alumnos.

Fuentes policiales explicaron que entre los nuevos detenidos se encuentran numerosos empresarios que recibieron ayudas para impartir cursos en la provincia de Sevilla. En cambio, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Almería la operación se ha centrado en los altos cargos de la administración regional, aunque también hay empresarios arrestados. Así, junto a los exdelegados provinciales de Empleo, alguno de los cuales ya fueron detenidos por estas mismas diligencias el pasado mes de marzo, se encuentran también jefes de servicio, jefes de departamento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y técnicos de seguimiento. Los investigadores les achacan los supuestos delitos de estafa, fraude en las subvenciones y falsedad documental por las irregularidades en la concesión de ayudas.

Algunos de los detenidos fueron pasando por dependencias policiales y quedaron en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial, como ocurrió con la exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete. Esta alto cargo se hizo conocida el pasado mes de marzo, poco antes de las elecciones, al filtrarse una grabación suya animando a varios trabajadores a hacer campaña por el PSOE en anteriores comicios regionales porque de ello dependía que siguieran en sus puestos de trabajo.

     

El exconsejero

El caso que se investiga en varios juzgados andaluces se destapó en la primavera de 2014, aunque alcanzó protagonismo en agosto de ese año tras la detención de un exconsejero andaluz de Hacienda reconvertido en empresario de formación, Ángel Ojeda, que habría percibido más de 30 millones de euros valiéndose de sus contactos, según las pesquisas. La UDEF pone bajo sospecha la totalidad de las ayudas para el empleo concedidas en el periodo investigado, unos 3.000 millones. Sin embargo, la revisión interna de oficio iniciada por la Junta de Andalucía rebaja considerablemente la cifra de fondos sin justificar convenientemente por las empresas perceptoras de las ayudas, situándola en 20,8 millones de euros.

La investigación que desarrolla la UDEF se solapa con la que realiza la Guardia Civil a instancias de la juez Mercedes Alaya, quien ha dictado también numerosas órdenes de detención y que precisamente para esta misma semana tenía citados para tomar declaración a once jefes de servicio. La juez sevillana, cuya petición de continuar en comisión de servicio en el juzgado 6 de instrucción fue admitida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, llegó a este caso tirando del hilo del «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, y el destino de fondos de formación recibidos en empresas de su entorno