Un interventor afirma que el SAE no justificaba de forma deliberada los cursos

Ante la juez, el interventor afirmó que, por evidencias indirectas, sabe que «los numerosos fallos en las tareas de comprobación» por parte del SAE «no pueden imputarse a falta de tiempo», y añadió que las «deficiencias en las tareas de justificación» se hacían deliberadamente.

Cuando la juez le pregunta por las razones de que el SAE pudiera haber actuado deliberadamente, el interventor le contesta que para «beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios».

En su testimonio, el interventor explicó que comprobaron las «importantes irregularidades» en los cursos tras un informe de cumplimiento de Huelva, tras el cual se unieron los de otras provincias.

Así, afirmó que el SAE pudo falsear los certificados que se emitían una vez liberado el pago del 75 % de las ayudas y en los que se hacía constar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la ayuda.

«Los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad», señaló el interventor antes de apuntar que «la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación».

El interventor, que aludió a la «desidia» y al «dolo» por parte del SAE para no comprobar la documentación, se comprometió a hablar con su superior y elaborar un «informe especial, o como se considere llamarlo», respecto al papel desempeñado por el SAE, lo que le solicitaron la juez y la Fiscalía Anticorrupción.

Además, el interventor reconoce, a preguntas de la juez, que existía la «tendencia» a que se paralizaran los «escasos» procedimientos de reintegros iniciados.