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Rebelión autonómica por el reparto del fondo contra la pobreza

Mato cambiará en 2015 el criterio por otro que incluya factores como la población tras las presiones de Andalucía, Cataluña o Galicia

DANIEL ROLDÁN

Jueves, 17 de julio 2014, 00:34

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Andalucía y Cataluña fueron las primeras comunidades en ponerle pegas al plan ministerial. No estaban -ni lo están- de acuerdo con el reparto del fondo extraordinario para luchar contra la pobreza infantil anunciado por Ana Mato. Un proyecto de 16 millones, a repartir entre quince comunidades -País Vasco y Navarra se quedan fuera por el concierto económico- y las dos ciudades autónomas para poder atender a los cerca de 2,3 millones de niños que están en situación de pobreza, según alertaron el Instituto Nacional de Estadística y organizaciones como Save The Children o Unicef.

Pero a estas dos comunidades se les han unida otras, como Galicia o Asturias, que quieren que se tengan en cuenta sus particularidades para repartir el presupuesto y no solo la tasa Arope, que crea rarezas como que un menor riojano reciba 53 euros y un pequeño andaluz 1,90 euros. Una herramienta que, sin embargo, a juicio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, es un «criterio objetivo» para medir la pobreza.

Cataluña y Andalucía argumentaron tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que este plan, que continuará en años posteriores aunque la ministra de Sanidad no especificó con qué cantidad, a la espera de que se realicen los Presupuestos Generales del Estado, se debe distribuir teniendo en cuenta el criterio poblacional y no solo el índice Arope, el usado por la Unión Europea y el INE para calcular el índice de pobreza con diferentes variables.

Con este baremo, las dos comunidades se reparten 1,2 millones y 726.989 euros. Si se aplicase un argumento de población, Andalucía obtendría 4.386.973 euros y la regida por Artur Mas 2.225.428 euros. Las cantidades con las que atender a 626.205 andaluces y 322.735 catalanes. Llevado al conjunto del Estado, si se realizase la partición solo bajo este criterio poblacional, cada menor de edad español en situación de pobreza infantil recibiría 6,89 euros. Una cantidad que, como expusieron las ONG, es totalmente insuficiente.

Unas críticas autonómicas que no gustaron a la ministra de Sanidad, que consideró «triste y lamentable» que haya comunidades que «critiquen ahora el plan contra la pobreza» y que no hicieran nada «en años anteriores». Pero las quejas no solo vienen de partidos de la oposición -Asturias anunció que va a doblar los 800.000 euros que recibirá por considerar esa cantidad muy baja- sino también desde dentro de las filas populares. Todos los representantes regionales consideraban que su parte era poca y que la tarta se tiene que cortar con un cuchillo más de su gusto. Por ejemplo, Galicia y Castilla y León, ambas gobernadas por los populares.

Dependencia

La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, insistió en que el reparto del fondo extraordinario para la infancia «bajo ningún concepto debería haber sido así» y dijo confiar en que en años sucesivos «no vuelva a ser así».

Por otro lado, la consejera andaluza ha planteado a la ministra que se retome el debate sobre la Ley de Dependencia y que se analice lo realizado hasta ahora y cuál es su situación actual ya que considera que hay «un mayor número de personas esperando a entrar en sistema y menos atendidas». Andalucía ha planteado que la Ley vuelva al Congreso y se tengan en cuanta las opiniones de las comunidades para su revisión y la actitud del Ministerio es de «acordar y pedir referencias» a los gobiernos regionales, algo que Sánchez Rubio ha agradecido.

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