Anticorrupción insiste a Alaya para que evite «un crecimiento desmedido y no justificado» del 'caso ERE'

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a una ampliación de la documentación solicitada al Parlamento de Andalucía por el caso de los ERE, en un escrito en el que vuelve a insistir a la magistrada Mercedes Alaya que evite un «crecimiento desmedido y no justificado de la causa».

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal vuelve a advertir sobre los riesgos de que prescriban los delitos imputados en el caso de los ERE, que ya acumula 200 tomos, más de 80.000 folios y 199 imputados con los 16 nuevos que declararán la próxima semana.

La juez instructora, Mercedes Alaya, había accedido a la petición del abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un alto cargo de la agencia andaluza IDEA, en el sentido de ampliar la documentación requerida al Parlamento de Andalucía y a la Cámara de Cuentas sobre los informes de las ayudas investigadas.

Alaya indicó en su auto que lo hacía para «mantener el adecuado equilibrio entre la admisión de otras pruebas que pudieran ofrecer un resultado incriminatorio, pues la labor de este juzgado está dirigida a investigar la realidad de los hechos».

Los dos fiscales anticorrupción de los ERE entienden, sin embargo, que «las diligencias de instrucción no deben ir dirigidas a la búsqueda de un equilibrio sino a la necesaria pertinencia en relación a la determinación de los hechos que se investigan». Ello debe hacerse «salvaguardando los principios de contradicción y de igualdad de las partes personadas, evitando un crecimiento desmesurado y no justificado del volumen de la presente causa, así como una dispersión de los recursos humanos y materiales de la administración de Justicia que demore aún más la práctica de otras diligencias ya acordadas».

La prioridad debe ser, según dicho escrito, «determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de fondos públicos que dificulta el reintegro de los mismos por el mero transcurso del tiempo», por lo que Anticorrupción pide a la Audiencia que deje sin efecto la petición de documentación acordada.

Alaya acordó abrir nuevas diligencias previas contra el dueño de Uniter, José González Mata, por un presunto delito de alzamiento de bienes a cuenta del cambio de titularidad de una finca del imputado un mes después de que se iniciara el proceso de embargo de sus propiedades para hacer frente a la fianza civil de 98,8 millones de euros.