El Poder Judicial respalda la actuación de Mercedes Alaya ante el Parlamento andaluz

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va a tomar ninguna medida disciplinaria contra la jueza Mercedes Alaya, instructora del 'caso ERE', ni tan siquiera una reprimenda, en relación con la queja del presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, por pedir investigar esta cámara autonómica. La jueza dictó dos autos en marzo en los que, a propuesta de las defensas, abría la puerta para colocar bajo la instrucción el papel desempeñado por la Comisión de Hacienda y el Pleno del Parlamento en las partidas de los presupuestos que incluían el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, cuyo procedimiento la magistrada considera ilegal y la causa que facilitó el fraude. El Consejo responde que no aprecia «anomalía o irregularidad imputable» a la jueza, por lo que concluye que no procede «la adopción de medida alguna».

Manuel Gracia elevó una queja al Poder Judicial al entender que se podrían vulnerar la división de poderes. Gracia quiso conocer si la jueza pretendía «investigar al Parlamento, a una comisión o a los diputados», algo que no puede hacer dada la inviolabilidad de la Cámara y de sus diputados, según el Estatuto de Autonomía. La instructora no tiene potestad para investigarles por estar aforados.

En la conclusión, divulgada por el Parlamento, el órgano de gobierno de los jueces señala que, tras solicitar un informe a la propia jueza sobre sus pretensiones, queda conforme en que su finalidad «no es, en ningún caso, derivar responsabilidad al Parlamento andaluz».

El Consejo también recuerda que las discrepancias con las resoluciones de la jueza pueden canalizarse a través de «los recursos y medios de oposición que prevén las leyes procesales, en los plazos y con los requisitos que las mismas establecen».

Pero en una cuestión «estrictamente jurisdiccional» como ha planteado el presidente del Parlamento, «no puede llevar ninguna actuación de carácter disciplinario». El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, calificó de «respuesta satisfactoria» la del Consejo.

La Intervención del Estado ya concluyó en respuesta a la petición de Alaya de que el Parlamento no pudo conocer las irregularidades en las ayudas ni el fraude de los ERE, porque la terminología utilizada en las leyes de presupuestos es «críptica, imprecisa y generalista».