Medel y Romera se acogen a su derecho a no declarar

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, acude a declarar al juzgado. /
El presidente de Unicaja, Braulio Medel, acude a declarar al juzgado.

El presidente de Unicaja pide la revocación de su imputación porque "no hay motivos" para ello

MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el presidente del PTA, Felipe Romera, se han acogido a su derecho a no declarar ante la jueza instructora del 'caso ERE', Mercedes Alaya. Medel y Romera han comparecido esta mañana en el juzgado 6 que instruye los ERE fraudulentos en calidad de imputados por haber sido miembros de los consejos rectores de la Agencia IFA-IDEA. Ambos han comparecido después de que se aplazara la declaración en dos ocasiones.

Medel ha presentado un recurso de revocación del auto porque entiende que desde el principio "no hay motivos" para su imputación y que ha sido "absolutamente ajeno" a las ayudas concedidas e investigadas como fraudulentas, según fuentes del caso. El alto cargo de Unicaja solo asistió a dos reuniones del consejo rector y "ninguna con funciones ejecutivas".

Las mismas fuentes han explicado que la defensa de Medel ha argumentado a la jueza que no declara por las dudas que existen sobre su competencia, dado que la fiscalía ha pedido la remisión del caso al Supremo al haber señalado a aforados; también porque el propio ministerio público ha reclamado la suspensión de las declaraciones y porque la jueza ha admitido que aún hay investigaciones pendientes de la Guardia Civil sobre el funcionamiento del IFA-IDEA.

Ninguna de las partes, incluida la Fiscalía, ha pedido medidas cautelares, aunque Manos Limpias sí ha solicitado una fianza civil sin cuantificar en el caso de Medel, aunque ha sugerido a la jueza que votó ayudas por valor de 117 millones de euros.

Alaya incluye a ambos en la tanda de 25 nuevos imputados, la mayoría excargos de la Junta de Andalucía, que fueron miembros de los consejos rectores de la agencia IFA-IDEA, a través de la cual se pagaban las ayudas a empresas que la jueza investiga como fraudulentas y cuyo procedimiento de pago considera ilegal. Alaya les imputaba en el auto del día 13 de mayo de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por no haber frenado en dichos consejos el pago de las ayudas. La jueza los considera conocedores del procedimiento para conceder las ayudas solo por el hecho de haber acudido a los consejos rectores en los que se aprobaban estas.

Hasta ahora todos los imputados por este apartado se han acogido a su derecho a no declarar. Varios exaltos cargos de la Junta han expresado incluso a la jueza que la consideran no competente en este momento procesal para tomarles declaración al suscribir la tesis de la Fiscalía anticorrupción, que entiende que al señalar a aforados en esta pieza esta debería ser elevada a instancias superiores, Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).