La jueza Alaya imputa a Medel y otros consejeros de IDEA

La jueza Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputado en el caso de los ERE fraudulentos al presidente de Unicaja, Braulio Medel. La citación, fijada para el próximo miércoles día 21, está relacionada con el pago de las ayudas a empresas por parte de la agencia IDEA de la Junta de Andalucía mediante un procedimiento que la magistrada considera ilegal. Medel formó parte del consejo rector de dicha agencia durante siete años. Alaya también cita como imputados al resto de miembros de los diferentes consejos rectores de la agencia, entre ellos el que fuera presidente de la Caja El Monte, José María Bueno Lidón

Alaya da un vuelco sorpresivo en la investigación al sumar a la larga lista de imputados (casi los dos centenares) a dos de los banqueros más influyentes de Andalucía en las dos últimas décadas. A ambos, como a otros 22 integrantes de los consejos rectores, les acusa de los delitos de prevaricación, falsedad y malversación de fondos públicos.

Hay 16 nuevos imputados, entre ellos el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, Francisco del Río; el presidente del PTA de Málaga, Felipe Romera; y el exviceconsejero de Agricultura Juan Paniagua. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo Francisco Guerrero también figuran con nuevas acusaciones. A todos los llama a declarar la próxima semana, víspera de las elecciones europeas, en jornadas intensivas de tres y cuatro citaciones.

Votos unánimes

La jueza relaciona las imputaciones con la investigación realizada a las ayudas concedidas a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, sobre todo a Enrique Rosendo y José María Sayago, exconcejales socialistas de El Pedroso, que recibieron 34 millones de euros sin control.

A raíz de las declaraciones policiales de los ex directores generales del IFA/IDEA Miguel Serrano y Francisco Mencía, la magistrada hila responsabilidades de los miembros de los consejos rectores en la concesión presuntamente ilegal de las ayudas a estas empresas de Sevilla. Alaya considera que los miembros de las juntas rectoras debían conocer que el procedimiento para el pago de las ayudas a través de transferencias de financiación a la agencia desde la Consejería de Empleo no era el adecuado y legal y también de los desfases presupuestarios que tales ayudas producían. Añade que estas agencias andaluzas y su consejo rector eran conscientes de la «inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones». Entre sus obligaciones estaba conocer periódicamente la gestión presupuestaria de la agencia, pero nunca la «reclamaron de los directivos de la agencia». Mercedes Alaya subraya que ningún miembro de los consejos rectores desde 2001 a 2008 «opusiera reparo a ninguno de los convenios» de los que se le dio cuenta y votaron a favor «por unanimidad» a los convenios.

La jueza estima que las declaraciones de los citados debe servir para conocer el funcionamiento de la agencia IDEA y «concretar la participación de determinados aforados que pertenecían al consejo rector», en alusión sin mencionarlos de José Antonio Viera y Francisco Vallejo. Alaya también avanza que para esto último es «indispensable» conocer los informes de la Guardia Civil sobre IFA/IDEA.

En un auto de 95 páginas detalla una a una las actas de las reuniones de los consejos rectores en los que se dieron el visto bueno a las ayudas presuntamente fraudulentas. Luego también enumera la presencia en cada una de ellas de los imputados. En el caso de Medel reconoce que de las 32 sesiones solo asistió a tres a lo largo de siete años.