La Junta reduce los trámites para implantar proyectos de renovables

En este sentido, el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, ha explicado ante la asamblea de Aprean las medidas que el Gobierno andaluz ha adoptado para agilizar estos proyectos, que se contienen en el recién aprobado decreto ley de reducción de trabas administrativas. Para la Junta, las renovables son un yacimiento de empleo de futuro y su regulación se ha incluido entre las ocho leyes que se van a modificar.

Así, se va a simplificar la actuación urbanística para todas las actuaciones de generación y evacuación de energía eléctrica por medio de renovables. Bastará con un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Además, se va a considerar 'actuación de interés público' todas las instalaciones que se ubiquen en Andalucía, con independencia de quien las autorice. Otro matiz novedoso será que la garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos se establezca por la Consejería de Economía, competente en materia de energía.

Asimismo, el secretario general expuso a los empresarios la Estratégica Energética Andaluza 2014-2020, que busca el uso eficiente de la energía mediante el uso de «recursos autóctonos sostenibles y sistemas de autoconsumo, garantizar la calidad del suministro energético con un modelo descentralizado y hacer a la ciudadanía protagonista del sistema energético».

Entusiasmo de la patronal

El presidente de la patronal de las renovables, Mariano Barroso, manifestó su 'entusiasmo' ante este documento, por «su firme compromiso con el modelo energético limpio, como impulsor económico y de empleo, y por su vocación integradora y de consenso con todos los agentes involucrados» y agradeció a la Junta su «coherencia y sensibilidad frente a un sector injusta e incomprensiblemente castigado a nivel nacional por las recientes reformas energéticas estatales».

La Junta ha presentado diversos recursos de inconstitucionalidad contra las normas de Industria, que impone amplios recortes a las renovables y éstas se sienten injustamente tratadas por Madrid.

El conflicto podría encontrar pronto un pronunciamiento favorable a la industria y a Andalucía por parte de la Comunidad Europea, según el jurista, Piet Holtrop, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético e impulsor en el Parlamento Europeo de la decisión de examinar los recortes a las renovables en España, que asistió el martes a una asamblea de la patronal, celebrada en Sevilla.

Hasta cuatro veces ha acudido al TC el Gobierno andaluz por normas estatales que considera que ponen en riesgo el desarrollo de las energías renovables. La última fue el pasado día 11 de abril, cuando la Junta interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra dos disposiciones del Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Los motivos han sido atentar contra el principio de seguridad jurídica, por generar incertidumbre sobre el régimen legal y de retribución de la producción con energías renovables, cogeneración y residuos.

Con anterioridad, la Junta recurrió la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.

Ahora, el Gobierno autónomo está a la espera de negociar en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado sobre la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para evitar interponer un nuevo recurso.