La Fiscalía ordena investigar 4,5 millones de euros en facturas del anterior Gobierno de Diputación

La investigación se ha remitido a la Fiscalía Provincial de Almería, en donde ya se han incoado diligencias esta misma semana

M. CÁRCELESALMERÍA
Reunión plenaria de la actual Corporación de la Diputación Provincial. :: C. LORENTE/
Reunión plenaria de la actual Corporación de la Diputación Provincial. :: C. LORENTE

La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado a la Provincial de Almería la incoación de diligencias de investigación penal con la finalidad de observar si pudiera haberse cometido delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o «incluso», tráfico de influencias en la contratación de servicios por parte de la Diputación Provincial de Almería.

Las diligencias, que se encuentran abiertas desde esta misma semana, desde el miércoles concretamente, investigan pagos efectuados por la Diputación almeriense en base a distintos reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe superior a 4,5 millones de euros. Se trata de facturas, señalan fuentes conocedoras de la denuncia, de la anterior Corporación (PSOE y PAL). Sobre los mismos, y en base a un informe encargado en julio a la Unidad de Policía adscrita a la Fiscalía Superior, el Ministerio Público observa que «son muchas las irregularidades detectadas por el interventor general» sobre la contratación de servicios por parte de la Diputación, y que «de este cúmulo de irregularidades, algunas podrían constituir puros ilícitos administrativos», otras «podrían comportar la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal» de la Diputación y «las más graves» podrían «incluso» ser constitutivas «de delito de prevaricación administrativa» o de «malversación de caudales» e, incluso, «de tráfico de influencias».

No obstante, subraya el fiscal, «tales actos administrativos, en el supuesto de constituir delito, habrían sido cometidos por autoridades o funcionarios durante una época anterior» al Gobierno de la Diputación actual, que preside el popular Gabriel Amat. Es más, y aludiendo a criterios basados en la jurisprudencia, alega que «no parece» que los acuerdos adoptados en la actual corporación, en sendos plenos de la Diputación Provincial que dieron luz verde a dichos reconocimientos extrajudiciales de crédito, celebrados en marzo de 2011 y de 2012, «deban reputarse constitutivos de delito de prevaricación administrativa. «Otra cosa es que alguna o algunas de las actuaciones administrativas irregulares, que fueron 'convalidadas' mediante el reconocimiento extrajudicial de créditos en ambos Plenos de la Diputación» puedan ser «tachadas no solo de irregulares, sino incluso de ilegales o hasta de resoluciones prevaricadoras».

«Incluso podría apreciarse indiciariamente la posibilidad de algún tipo de malversación conforme a la observación contenida por el interventor en ambos informes aludiendo a la 'falta de adecuación de los centros u órganos de gasto a las directrices marcadas por el Pleno'», alega el fiscal. En el texto, además, insiste en que «cabría pensar, al menos en términos de pura hipótesis, en la presunta comisión de uno o varios delitos de tráfico de influencias».

La comunicación de la Fiscalía Superior para la apertura en Almería de las diligencias de investigación penal supone, asimismo, el archivo de unas diligencias previas que se abrieron en Granada tras una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt) el pasado 8 de julio de este año.

Este archivo «procedimental», apuntaron fuentes jurídicas, responde a que, en base al informe policial encargado por la Fiscalía Superior, «no aparece indiciariamente que, cuando menos por el momento», el único aforado de las últimas dos Corporaciones provinciales, el diputado Miguel Ángel Castellón (PP), parlamentario autonómico «haya participado en tales actividades de contratación que pudieran reputarse prevaricadoras, malversadoras o constitutivas de otro ilícito penal». «Sin perjuicio de que, posteriormente, tales indicios puedan concretarse y deba elevarse en el curso del procedimiento [...] al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o bien la denuncia correspondiente a esta Fiscalía Superior».

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