La Junta echa a 50 'okupas' de sus viviendas sociales en Almería

El parque público de viviendas es un bien escaso que la Junta de Andalucía cuida con especial mimo. Son unas 4.600 viviendas repartidas por toda la provincia -la mitad en la capital- que la Administración pone a disposición de las familias con menos recursos. En los años del boom inmobiliario, entre 2004 y 2007, supuso un entorno especial para este bien público y se generó un 'mercado negro' en torno al mismo, con numerosos traspasos irregulares de unos inquilinos a otros. Llegó a darse el caso de que una vivienda pasaba hasta por tres adudicatarios distintos en un año. Y fue entonces cuando empezaron a proliferar los casos de ocupación ilegal -es decir, sin que la Junta declarara a la familia adjudicataria de la vivienda-. Estas casuísticas se concentraron mayoritariamente en viviendas de la capital. Apenas entre un 5 y un 10% de los casos se daban en las poblaciones menores, donde existe un arraigo más importante e incluso tiene lugar un seguimiento más directo de la población por parte de los propios alcaldes.

La Junta cuenta con un equipo de seis personas que se dedica a gestionar este parque público de viviendas, realizando inspecciones oculares periódicas, controlando la ocupacion o desocupación de las mismas y, por lo tanto, observando si cumplen o no la función para la que está concebido, así como al cobro de los recibos con la finalidad de reducir la morosidad. Este equipo detectó la situación de los traspasos ilegales e inició una vía administrativa que les permitiera recuperar la titularidad de la vivienda con la finalidad de otorgarla a familias más necesitadas. La vía administrativa no ha dado los resultados esperados ya que, según indican desde la propia Consejería de Vivienda, encargada de la gestión del parque público, los residentes irregulares, cuando se les descubre, no acceden a entregar las llaves ni siquiera con una resolución administrativa. Sólo lo hacen por vía jurídica.

Es en estos dos últimos años -y debido a la lentitud de los procesos judiciales, garantistas para con los inquilinos- cuando está empezando a dar fruto la vía judicial. En los dos últimos años, la Junta de Andalucía ha obtenido la titularidad de 44 viviendas (20 en 2010 y 24 en lo que va de 2011) por los desahucios otorgados judicialmente en viviendas del parque público. Son procedimientos muy largos, que tardan entre dos y cuatro años, lo que impide que estas viviendas sean otorgadas a otras familias que cumplen con los requisitos para obtenerlas.

Una vez se producen los desahucios por orden judicial, la Junta otorga dicha vivienda a otra familia. Y lo intenta hacer con la mayor rapidez precisamente por esto, para que no proliferen las ocupaciones ilegales, que impiden que sean familias necesitadas las que desarrollen su vida en las mismas. Es decir, para que en ese periodo transitorio, no se den 'patadas en la puerta' que impidan el uso al que las viviendas del parque público -cuya manutención corre en la mayor parte a cargo de la Administración- a los fines a los que van destinados.

La mayoría de los desahucios son por ocupación ilegal, la práctica totalidad. Pero también se dan otros casos de 'pillaje'.Por ejemplo, que la vivienda otorgada a una familia esté vacía y desocupada, o por impagos acumulados. En el último de los casos, y debido a la crisis económica, la Administración admite pagos atrasados para evitar precisamente desahucios en familias en las que la crisis económica ha actuado con especial virulencia. Las situaciones de 'pillaje' son, en algunos casos, hasta anecdóticas. Por ejemplo, según explican desde la Consejería, se ha llegado a dar el caso de una promoción de vivienda social en un «enclave privilegiado» de la costa, junto a la playa, en la que algunos de los inquilinos han mejorado su situación económica y mantienen dicha vivienda como residencia de verano. Incluso se dio el caso de un inquilino que tenía otra vivienda en otro núcleo urbano de la misma población.

«La filosofía de las viviendas del parque público es dar respuesta a la necesidad de vivienda de familias con escasos recursos, con unas rentas adecuadas a la situación». Y la patada en la puerta no es, en ningún caso, un proceso de adjudicación.