El poder adquisitivo de los jueces se reduce un 40% en los últimos 20 años

Entre los miembros de la judicatura se debate la conveniencia de medidas de protesta, además de recurrir al Defensor del Pueblo

JAVIER GÓMEZ GRANADOSALMERÍA.
Imagen de archivo de un juicio en la Audiencia Provincial. ::                             IDEAL/
Imagen de archivo de un juicio en la Audiencia Provincial. :: IDEAL

En el año 1982 el IPC se incrementó un 14% y los sueldos de jueces y magistrados un 8%. Esos datos provocaban como resultado inevitable una pérdida salarial de un seis por ciento. Almería, en aquellos años muy poco desarrollada, tampoco escapó a ese demoledor índice que marcaba otra disminución del nivel de vida.

Hace sólo unas semanas, el llamado 'tijeretazo' ha afectado a toda la función pública y, por tanto, también a este colectivo que ha visto reducido, no ya su poder adquisitivo, sino sus ingresos reales. Una media que en Almería podría alcanzar los trescientos o cuatrocientos euros al mes de pérdida para los jueces que se encuentran en la base piramidal de la jerarquía judicial, son datos que ponen de manifiesto el descontento que comienza a imperar entre los miembros del Poder Judicial y que se une al resto de funcionarios. De hecho, en las diferentes sedes judiciales de la provincia de Almería ya se observan variados llamamientos sindicales a la 'movilización'.

Curiosamente, durante 2009 se produjeron dos huelgas que fueron históricas por ser las primeras de este cualificado sector. Entre sus pretensiones no se encontraban las mejoras salariales, sólo dignificar y hacer más eficaz el funcionamiento de la administración de Justicia, tal y como se desprendía de sus públicas reivindicaciones.

Estas medidas recientes que han puesto en pie de guerra al sector público, vienen a ahondar en las necesidades de una función, la judicial, que exige un reconocimiento salarial suficiente para conseguir la eficacia de la independencia que debe regir su funcionamiento tal y como establece el artículo 403 de LOPJ que la regula. De hecho, varias asociaciones con representación en la provincia han manifestado su rechazo a la última reforma que recorta, de forma llamativa, su capacidad económica. Así, la medida gubernamental es considerada por APM (Asociación Profesional de la Magistratura), como «regresiva, discriminatoria, injusta y confiscatoria», entre otros motivos porque se eliminan derechos consolidados y porque es indefinida.

IDEAL ha tenido, además, conocimiento de un primer movimiento de los jueces en busca de proteger sus derechos. Lo hacen en forma de carta dirigida al Defensor del Pueblo explicando y legitimando su posición, solicitando de éste la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y facilitándole los parámetros para su redacción.

Estudio económico

Un estudio realizado sobre el poder adquisitivo de jueces y magistrados que alcanza casi tres décadas, viene a reflejar de forma clara y manifiesta que la figura del juez está sufriendo un desprestigio no sólo social y de autoridad sino también económico.

Caídas del 5,40% en el año 1984 o del 4,30% justo una década después en el poder adquisitivo, marcaron una tendencia que generó que en veinticinco años la pérdida salarial fuera una realidad en 20 ejercicios. Sólo en cinco ocasiones, en 1987 y otras cuatro en los años noventa, los jueces vieron como su aumento salarial superaba la caída del IPC, es decir, disfrutaron de un aumento real de sus retribuciones.

De forma general se puede concluir que entre los años 1982 y 2007 el incremento del IPC alcanzó un 140,30% mientras que el aumento de los salarios fue del 98,22%, lo que se traduce en una pérdida salarial global del 42,08%.

El reciente Decreto Ley que reduce a este colectivo no ya la capacidad para adquirir y consumir en términos abstractos, sino los ingresos reales a final de mes, ha vuelto a colocar a los miembros del Poder Judicial en una 'incómoda' situación.

Y en Almería, en las diferentes sedes judiciales, comienza a respirarse un serio ambiente de movilización, aún sin definir, tal y como se puede comprobar en las conversaciones que abiertamente fluyen en cada una de sus dependencias en las que, además, diferentes colectivos funcionariales ya han colocado carteles de sus respectivos sindicatos de cara a hacer frente a la nueva situación creada.