La sombra de la corrupción planea sobre 16 ayuntamientos de Almería

La corrupción ha hecho que la clase política se coloque en el tercer puesto de los problemas del país. En Almería se investigan una veintena de casos

MIGUEL CÁRCELESALMERÍA.

La precampaña a las elecciones municipales camina ya a pleno gas. PSOE y PP tienen ya un acto semanal -como mínimo- en el que, unos con candidatos y otros sin ellos, comienzan a calentar los motores de la política de cara al mes de mayo del próximo año. Sin embargo, los políticos se enfrentan a una dificultad mucho mayor que la lucha partítica por hacerse con el sufragio del votante fluctuante o evitar la fuga del ciudadano exasperado por una situación económica especialmente dura y por una lucha dialéctica por el poder que en raras ocasiones da lugar a los ansiados pactos firmes. El mundo de la política vive su etapa de mayor descrédito. Hasta tal punto que una gran parte de la ciudadanía lo ve más como un problema en sí mismo que como un medio democrático de solucionar problemas. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de abril, la clase política ocupaba el tercer lugar en la deshonrosa lista de problemas sociales en el Estado. Sólo le superan, en la difícil coyuntura económica actual dos argumentos de carácter monetario: el paro y la crisis. Prácticamente uno de cada cinco encuestados por el CIS consideran un problema más grave para la sociedad española la política que, por ejemplo, el terrorismo de ETA. En sexto lugar, en ese mismo ranking, aparece la corrupción y el fraude, superando éste a su vez como problema al de la vivienda. La encuesta en la que se basan estos resultados se efectuaba en los días en los que se levantó el secreto sobre el Caso Gürtel, una de las investigaciones sobre corrupción política más importantes de cuantas se ejecutan en la actualidad. Resulta por lo tanto evidente que la corrupción política genera descrédito ciudadano en el sistema y es -lo afirman los propios partidos- una amenaza para la participación democrática en los comicios.

En Almería, de demostrarse conductas ilegales en todas y cada una de las investigaciones sobre corrupción política que actualmente están abiertas en la Justicia ordinaria, estaríamos hablando de un verdadero mar de ilegalidades en la gestión política del que no se salvaría ni el más pintado. Y si a esto se le suman algunos casos ya cerrados -de una u otra forma- el panorama sería aún mucho más hiriente para quienes ejercen la política, especialmente aquellos que lo hacen de forma honrada.

Casi una veintena de instituciones públicas de la provincia conviven con una investigación por corrupción o cuentan con algún investigado, imputado o incluso condenado entre los mandos políticos que rigen los designios públicos. Y muy pocas formaciones -de hecho suelen ser de carácter independiente- se libran de la quema. Y la gran mayoría son casos que se investigan en pueblos (municipios de menos de 10.000 habitantes). Tras las investigaciones suele haber un denominador común: adjudicaciones irregulares de contratos municipales o decisiones urbanísticas contrarias a la Ley. De norte a sur y de este a oeste, las investigaciones por presuntas decisiones irregulares no conocen de tamaño, de partido, o de localización. Estos son algunos de los casos más paradigmáticos.

Lúcar (PSOE)

El alcalde de Lúcar, del PSOE, José Antonio González, fue condenado por acoso laboral en su Ayuntamiento. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. La empleada acosada, que disponía de una antigüedad laboral de 15 años, es, según los socialistas, la esposa de un candidato de la oposición a la cual se le retiraron algunas tareas en su labor cotidiana.

Sorbas (PP)

El alcalde de la localidad, José Fernández (PP) está imputado en dos procedimientos penales que están actualmente en instrucción. En ambos casos la acusación la ejerce el Ministerio Fiscal después de que la oposición aportara documentación relativa a las presuntas decisiones irregulares. Actualmente se le imputan los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Sin embargo, su partido le mantiene en todos los cargos políticos que desempeñaba antes de su imputación.

Huércal-Overa (PSOE)

Luis García Collado, alcalde de la localidad, y seis concejales del Ayuntamiento -todos socialistas- han sido investigados desde el año 2007 por un presunto caso de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. La Fiscalía ha dado instrucción para que se practiquen nuevas pruebas en un caso en el que García Collado ya prestó declaración en calidad de imputado. Según informan desde el PSOE, el caso, que se abrió por una denuncia del PP, se encuentra aún en diligencias previas y los socialistas confía en su archivo.

Gádor (PP)

El Tribunal Supremo está actualmente tomando declaración a testigos e imputados en una investigación por prevaricación en la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Gádor. Eugenio Gonzálvez, alcalde de la localidad y senador del PP está imputado en el caso, igual que su ex compañero en el equipo de Gobierno, el antes concejal de Urbanismo Onofre Martínez. El caso, que ha tenido que trasladarse al Supremo por ser Gonzálvez aforado, se abrió por la denuncia de la oposición.

Gérgal (PSOE)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nulo un convenio urbanístico con la Junta de Andalucía firmado en diciembre de 2001 y ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Gérgal en julio de 2002. Además, los partidos de la oposición han amenazado con llevar ante los tribunales de justicia la aprobación del PGOU que contempla la recalificación de algunos terrenos propiedad de la propia alcaldesa y cuyo pronunciamiento no contó con su abstención en el voto de aprobación. No obstante, la primer edil, Leonor Membrive, no se encuentra imputada.

Berja y Balanegra (PP)

El diputado autonómico y alcalde de la localidad de Berja, Antonio Torres, mantiene abierto un procedimiento penal en instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por presunta prevaricación a raíz de una querella criminal interpuesta por el PSOE de Berja por el trato laboral que el regidor dio al subinspector jefe de la Policía Local. Además de este caso, hace apenas un mes, Torres y su compañera de partido, la alcaldesa de la Entidad Local Autónoma de Balanegra, Mercedes Tapia, han resultado imputados por delito contra la ordenación del territorio por la construcción de un espigón presuntamente en situación irregular con ocupación del dominio público marítimo terrestre. Una imputación que ha confirmado, hace apenas un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ohanes (PSOE)

El caso de Ohanes ha sido uno de los que mayor repercusión mediática ha tenido en la provincia -a pesar del escaso peso poblacional de la localidad-. El ex alcalde de Ohanes, Juan Francisco Sierra, dimite en enero de 2009 por «motivos de salud». Apenas un mes después de dejar el cargo y cesar de militancia, el juez le citaba a declarar como imputado por presuntos cohecho y coacciones. Antes de prestar declaración, sale a la luz pública un vídeo de una reunión mantenida con un empresario en el que aparecen unas imágenes de Sierra metiéndose dinero en el bolsillo. La grabación, datada en 2005, tiene una duración de 16,15 minutos y fue el Partido Popular quien la sacó a la luz. El empresario que aparece en el vídeo declaró que fue extorsionado por el que ex regidor de Ohanes «durante dos años». El ex alcalde calificó el vídeo de «montaje». El caso continúa en instrucción por parte de los juzgados almerienses.

Adra (PP)

José Arqueros, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Adra, fue detenido en 2007 por presunto cohecho en calidad de presidente del Club Náutico de Adra -cargo que ya no ostenta-. . Tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, quedó libre pero con cargos. Según el PSOE, el caso continúa en diligencias previas. También se arrestó por el mismo caso a un funcionario de la Delegación de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía en Almería, que presuntamente colaboraba con Arqueros en la certificación de diplomas de navegación que podrían haber sido vendidos. El edil continúa formando parte de la Corporación abderitana. Además, aún es objeto de dos contenciosos administrativos por la venta de unos terrenos.

Carboneras (PSOE)

Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras, fue imputado por fraude electoral en los comicios de 1999. La Audiencia Provincial le inhabilitó para ejercer cargo público por delito electoral. El Supremo ratifica la condena en abril de 2006. Sin embargo, ese mismo año fue indultado por el Consejo de Ministros.

Alsodux (PP)

El PSOE mantiene contra el Ayuntamiento de Alsodux, dirigido por un alcalde popular, un contencioso administrativo a la espera de sentencia por una construcción que ocupa viales públicos.

Garrucha (PSOE)

El PP ha interpuesto numerosas denuncias que finalmente han sido archivadas contra el equipo de Gobierno que lidera Andrés Segura por presuntas falsedad documental y prevaricación. No obstante, aún quedan dos casos abiertos, uno de ellos por una denuncia interpuesta por un promotor.

Caso Costa de Almería (PP)

La Diputación de Almería llevó a la Fiscalía las presuntas irregularidades en las subvenciones dadas por el equipo de Gobierno del Partido Popular (anterior al actual) al club ciclista Costa de Almería, presidido por José Luis Aguilar, cuanto también era vicepresidente de la institución supramunicipal. El caso se inició en 2005.

Lubrín (PSOE)

El diputado provincial de Deportes y concejal del municipio de Lubrín, Juan López Camacho, dimitió de sus cargos tras ser imputado por un caso que investiga la presunta comisión de prevaricación urbanística en la localidad.

Los partidos mayoritarios hablan de la responsabilidad de los contrarios respecto de sus imputados mientras defienden sus manos limpias. Sin embargo, las encuestas son claras: la ciudadanía ha pasado a ver la clase política como el tercer problema del Estado, y la corrupción el sexto. Cambiar la imagen de cara a las municipales será un duro trabajo.

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