Un perito ratifica la «ruina técnica» del Cortijo del Fraile y hace al ayuntamiento «competente»

Jornada deportiva reivindicativa del Cortijo del Fraile. /IDEAL
Jornada deportiva reivindicativa del Cortijo del Fraile. / IDEAL

El informe adjuntado a la causa por la asociación 'Amigos del Parque' advertía del «deterioro muy avanzado y a la vez muy progresivo» del inmueble

EUROPA PRESSALMERÍA

El arquitecto propuesto por la asociación 'Amigos del Parque' en el procedimiento contencioso-administrativo que decide si el Ayuntamiento de Níjar debe intervenir en el BIC del Cortijo del Fraile ha ratificado este martes ante el juez su informe sobre el estado del inmueble y ha señalado que, a su juicio, el consistorio sería «competente» de acuerdo a la ley.

El perito, quien realizó el citado informe que alerta de que el estado general del BIC es «de ruina técnica, económica y funcional» en 2012, se reafirmó ante el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 en el contenido del mismo si bien admitió que «no conoce el estado actual» después de que la empresa propietaria de la finca agrícola en la que se levanta realizase obras de emergencia para frenar su deterioro.

El informe sobre la estabilidad de la estructura del inmueble, aportado a la causa por el colectivo conservacionista demandante advertía del «deterioro muy avanzado y a la vez más progresivo» del inmueble, que fue escenario de los hechos que inspiraron 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca y 'Puñal de Claveles' de Carmen de Burgos, 'Colombine.

Fotografías de su estado

Señalaba, asimismo, que la rehabilitación de su conjunto «será, por tanto, cada vez más difícil y costosa» y lamentaba la «pérdida» del carácter identitario del BIC «al deteriorarse más los elementos originales del conjunto». «El riesgo de desplome es máximo y los derrumbes afectan más gravemente a las dependencias de la zona noble de la casa y a las construcciones pecuarias junto al patio», avisaba ya en 2012.

Al procedimiento contencioso-administrativo se ha incorporado, asimismo, como documental fotografías relativas al estado de conservación del Cortijo del Fraile, ubicado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, y copias de recortes de prensa escrita donde se «aprecia la presión ciudadana reclamando una adecuada protección» del Bien de Interés Cultural (BIC), entre otros documentos.

Por otro lado, se ha aportado el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Níjar de 9 de septiembre de 2011 sobre la puerta en valor del inmueble y un informe sobre «su grado de ejecución para cumplir con los objetivos aprobados por el pleno municipal» y copia del expediente incoado por la Junta de Andalucía al propietario para que proceda al aseguramiento y mantenimiento del cortijo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó en mayo de 2017 al juzgado de Almería que reabriese el procedimiento archivado en 2014 y determinase si el Ayuntamiento nijareño había incurrido en inactividad con respecto a sus obligaciones con respecto a este Bien de Interés Cultural.

El juez que ordenó en ese mismo año al Consistorio la adopción cautelar de medidas urgentes ante el estado de deterioro del Cortijo del Fraile archivó el procedimiento después de que el propio Alto Tribunal Andaluz determinase en un auto de diciembre de 2013 que la competencia de su conservación recae en la Junta de Andalucía y anulase las citadas medidas cautelares.

Valores históricos

La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) recurrió a la vía judicial al entender que es la administración local la que tiene las competencias en materia urbanística y dispone de las herramientas necesarias para exigir al propietario la estabilidad del edificio.

El colectivo fundamenta sus reivindicaciones al entender que la LOUA establece que el Ayuntamiento de Níjar «sería responsable por inactividad administrativa cuando un bien inmueble, amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico»; caso en el que «el alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación y su desalojo».

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