Ordenan desalojar a casi 60 personas, entre ellos menores y mujeres, de una finca de infraviviendas en Níjar

Fuentes del Ayuntamiento de Níjar y de la Junta de Andalucía han indicado a Europa Press tener constancia del desahucio de las chabolas y los almacenes afectados, si bien han recalcado que la actuación parte de la iniciativa privada, sentido en el que ninguna de las administraciones ha previsto, por el momento, actuaciones en materia social para asistir a los afectados.

El desalojo del cortijo El Uno, previsto sobre las 9.30 horas del próximo 25 de febrero conforme a dispuesto el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería, llega tras un «largo recorrido judicial» y afecta a varias familias con cerca de una decena de menores, a quienes se les ha puesto en conocimiento el lanzamiento de cara a que abandonen la zona previamente.

La situación ha puesto en coordinación hasta una decena de organizaciones y ONG que trabajan para buscar alternativas y recursos con los que asistir a quienes «se quedan en la calle» ante la respuesta hallada en las administraciones.

En este sentido, se han producido varias reuniones en las últimas semanas por parte de los representantes de Cruz Roja, Médicos del Mundo, Cepaim, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) y Almería Acoge, entre otras, con el objetivo de dar respuesta a los afectados por el desalojo aunque sin hallar «alternativas claras» por parte de las instituciones.

«Las administraciones no pueden ser ajenas a esto», ha considerado el presidente de Almería Acoge, Juan Miralles, quien ha lamentado la «exasperante lentitud» de las instituciones para poner en marcha incluso sus propias iniciativas de cara a facilitar unas viviendas temporales que aún «no están listas» para su uso.

Desde las organizaciones se ha conseguido, mediante sus propios medios, brindar algunas alternativas a los desahuciados, de manera que a ocho de ellos les ha buscado un alojamiento toda vez que una de las familias afectadas ha optado por desplazarse a una vivienda en Murcia.

De igual modo, ha reclamado un trabajo conjunto, también por parte del sector empresarial, para facilitar el acceso a la vivienda a quienes habitan en poblados chabolistas del campo de Níjar, ocupados mayoritariamente por jornaleros que trabajan en los invernaderos.