La Junta aprobará un decreto-ley para atajar el problema de las viviendas irregulares en Almería

Imagen de archivo de una protesta en Almanzora. /IDEAL
Imagen de archivo de una protesta en Almanzora. / IDEAL

La consejera de Fomento ha explicado la medida transitoria mientras se aprueba la nueva Ley de Urbanismo andaluza para que puedan acceder a los servicios básicos

A. MALDONADO ALMERÍA.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, anunció el miércoles en su comparecencia en el pleno del Parlamento andaluz la aprobación inmediata de una instrucción que posibilitará que más viviendas irregulares accedan a los servicios básicos y que, en paralelo, se ultima un decreto-ley que, a la espera de la nueva Ley de Urbanismo, será el instrumento que permitirá resolver los problemas de muchas de estas construcciones. Un decreto-ley que será aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el actual periodo de sesiones, según informó la consejera.

Marifrán Carazo explicó que la aprobación de este decreto-ley conlleva la derogación de dos leyes y dos decretos ley hoy vigentes, «adelgazando, simplificando y unificando la normativa en esta materia». Anunció, además, que esta misma semana se va a dictar una instrucción permitiendo la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO) en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, «haciendo efectivo lo que hoy recoge la norma al aplicar un nuevo criterio y decisión política». «Se trata de permitir el reconocimiento AFO sin tantas cortapisas e impedimentos», añadió tras apuntar que el reconocimiento AFO permite a los propietarios el acceso al Registro de la Propiedad y a los servicios básicos (abastecimiento y depuración de aguas, electricidad y gestión de residuos), mejorando la calidad de vida y la habitabilidad de las viviendas.

En cuanto a la solución a los asentamientos en suelo no urbanizable, la consejera la tildó de «más compleja» puesto que «la normativa actual no permite otro modo de actuar que incorporar esas urbanizaciones a los planes generales de ordenación urbana, PGOU, un proceso complejo, lento y que en numerosos casos ha acabado en PGOUs suspendidos o anulados por los tribunales, con lo cual se tarda años en solucionar el problema y la solución nunca llega. Para estos casos no es suficiente una mera instrucción, es necesario cambiar la actual normativa». Por eso mismo, informó de que el nuevo Gobierno andaluz tiene prevista la aprobación de un decreto-ley de adecuación ambiental y territorial de las actuaciones irregulares que derogará la normativa anterior (dos leyes y dos decretos) que, además de refundir normas, solucionará el problema de muchos de estos asentamientos.

Marifrán Carazo detalló también qué incluirá este decreto-ley. En primer lugar, se permitirá que pueda ser declarado el AFO en viviendas irregulares situadas en los asentamientos, favoreciendo el acceso al Registro de la Propiedad y, con ello, a los servicios básicos. «Hoy por hoy tenemos muchos ciudadanos viviendo en situaciones de salubridad inaceptables», lamentó.

Se prevé, en segundo lugar, resolver el problema de cada asentamiento sin que se tenga que esperar a la aprobación de los planes generales. Se hará a través de planes especiales autónomos no dependientes de esos planes generales. Para Carazo, se trata «de un problema complejo, que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen en Andalucía», de ahí que afirmara que «eso supone analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones concretas en los planes especiales».

En esas zonas se adoptarán, asimismo, «medidas para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos, como reforestaciones, mejora de riberas, de caminos y otros servicios con coste a cargo de los propietarios, nunca a priori a cargo de las administraciones», según Carazo, que añadió que la consejería controlará y evitará que se produzcan nuevas actuaciones irregulares. «Por ello, vamos a priorizar la actuación inspectora, creemos que la inspección debe intervenir al principio de la actuación irregular cuando cause menor perjuicio, actuando con responsabilidad en materia de disciplina urbanística», dijo.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio recordó finalmente que en estos poco más de cuatro meses de gobierno se ha reunido con los británicos que viven en municipios del Valle de Almanzora, en Almería; con los propietarios de las parcelaciones de Jaén y Córdoba; con los vecinos del Extrarradio de Chiclana; con los de Conil y los del Palmar en Vejer de la Frontera y también con el representante de la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) que engloba a casi todas las asociaciones de afectados, para compartir el análisis de esta situación y hacerles llegar sus propuestas.

Unas medidas que pretenden acabar con «la inacción que durante casi cuarenta años se ha generado en torno al problema de las viviendas irregulares por parte de los gobiernos socialistas». «En Andalucía no se ha sabido abordar esta situación anómala que afecta a miles de familias andaluzas. Son unas 300.000 las familias que están a la espera de que la Junta les resuelva, de una vez por todas, un problema que pesa como una losa sobre ellas desde hace años, que les priva de servicios esenciales y les mantiene en una grave inseguridad jurídica», denunció la consejera.

Carazo añadió que lo que más ha faltado para resolver esta situación ha sido «un Gobierno andaluz valiente» pues «los gobiernos anteriores han mirado para otro lado, pero este nuevo Ejecutivo, al contrario que los anteriores, tiene las ideas muy claras y, sobre todo, una firme y decidida voluntad de arreglar la situación».

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