El desalojo de El Uno se ejecuta pese a los intentos por frenarlo

Los primeros en llegar, incluidos los medios de comunicación, se han topado con una barricada improvisada -instalada, según testigos, por personas ajenas al asentamiento- que trataba de evitar la entrada del dispositivo dispuesto para el desahucio al cortijo en esta mañana de martes, cuando por orden judicial estaba programado.

La barrera ha sido retirada finalmente por una grúa municipal, que, posteriormente, ha hecho lo propio con otra estructura similar levantada en el interior del terreno vallado, donde se encuentran las chabolas, naves y otras construcciones que han dado cobijo a personas extranjeras desde hace años. Se estima que esta propiedad lleva siendo habitada de forma irregular desde hace alrededor de una década, principalmente, por personas trabajadoras del campo nijareño y sus familiares.

En el momento en que se confirmó el desahucio, en El Uno residía medio centenar de personas, entre ellas, nueve menores de edad. La mayoría, acatando la decisión judicial, se habían marchado a otros lugares. Hay familias que se han instalado en Murcia, renunciando a sus trabajos en Almería; hay personas que han encontrado una solución temporal en un colchón o un sillón en casa de algún conocido; algunos de los más vulnerables conseguirán plazas en los alojamientos nijareños de oenegés como Almería Acoge o el Servicio Jesuita de Migrantes. Pero también habrá quienes no tengan donde pasar la noche.

«No sé», responde sobre su futuro inmediato, encongiéndose de hombros, Aness, un ciudadano de origen marroquí de 37 años que, prácticamente desde que llegó a Almería hace cuatro años y medio dormía cada noche en una de las chabolas que las máquinas han derruido en cuestión de segundos. Traductor mediante, explica que trabaja «de cuatro meses, en cuatro meses» en los invernaderos cercanos pero aún no puede volver a su país «por que no tiene los papeles».

Aness ha permanecido toda la mañana, junto a compañeros y compatriotas, al otro lado del enrejado del cortijo donde reside habitualmente, junto a sus pertenencias (pocas), como el resto de desalojados. Colchones, neveras, bidones o mantas poblaban las estrechas cunetas de las carreteras adyacentes a la finca y, en las viviendas que se podían ver, incluso visitar, todavía había juguetes infantiles y efectos personales dejados atrás.

Si bien el Ayuntamiento de Níjar insiste en que no tiene ningún papel en este procedimiento al tratarse de un espacio privado, que ha adoptado medidas judiciales por cuenta propia, los miembros de la comitiva judicial han llegado escoltados por agentes de Policía Local y de Guardia Civil. Eso sí, desde el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) de Almería, presente durante todo el proceso en la finca de San Isidro de Níjar, han incidido en que se ha echado de menos a trabajdores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Níjar.

«Aquí estan los medios, la Policía, la Guardia Civil, el juzgado, el propietario, entidades sociales, vecinos... y el Ayuntamiento no está», ha lamentado el jesuita Daniel Izuzquiza a pie de campo. Él, junto a otros miembros del SJM, llevan semanas trabajando con estas personas para tratar de minimizar el impacto de este desalojo, sobre el que, este lunes, incluso se manifestó el Defenso del Pueblo Andaluz a raíz de una demanda remitida desde esta organización.

De nada ha servido. «El Ayuntamiento, amparándose en que hay una orden judicial está haciendo una dejación de funciones», tiene claro el jesuita, quien ha hecho hincapié en que, legalmente, el Consistorio debería, al menos, «elaborar los informes de vulnerabilidad social y trasladarlos al juzgado» y prestar una solución habitacional a personas «en una situación de desamparo, entre las que hay también menores». Considera que «la callada por respuesta es muy descorazonadora».

«No se ha personado ningún morador»

Una versión diferente arguyen desde el Ayuntamiento de Níjar, que ha recalcado nuevamente que se trata de «un lanzamiento judicial» y que «los moradores del cortijo están notificados del lanzamiento hace mucho tiempo». Defienden las mismas fuentes que «el Centro de Servicios Sociales hizo su trabajo cuando el juez lo requirió». «Durante la semana y la jornada de hoy hemos estado preparados por si alguna familia precisaba atención», ha defendido el Consistorio, indicando que «no se ha personado ningún morador del cortijo» sino que «todos se han buscado alternativas, incluidas las familias».

«Este tipo de desahucios se producen con frecuencia y el Ayuntamiento no dispone de viviendas para alojar a todos los moradores que se desalojan mediante procesos judiciales», han concluido las fuentes consultadas por este diario.

Las críticas a la ausencia de intervención municipal, más allá de la presencia de Policía Local y la maquinaria necesaria para la limpieza de la zona, se han sucedido a lo largo de la mañana en El Uno. No obstante, la calma ha imperado durante la mayoría del tiempo, con alguna excepción. En el exterior de la finca (a la que se prohibió el paso a cualquier persona ajena), el silencio, de repente, se rompió sobre las 10 horas de la mañana por los gritos de varias personas de una de las plataformas que luchan para evitar este tipo de desalojos sin realojo, Derecho a Techo.

Según las oenegés que trabajan en la zona en esta mañana quedaba alrededor de una veintena de personas en el interior de la finca. A lo largo de la mañana, mientras las máquinas acababan con los dos núcleos de chabolas, los moradores iban abandonando. El objetivo es que, a lo largo del día, el asentamiento se vacíe y las infraviviendas desaparezcan.