Asaja establece 18 medidas que necesitan con urgencia la agricultura y la ganadería

Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, y Vicente Pérez, director general de la organización. /ASAJA
Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, y Vicente Pérez, director general de la organización. / ASAJA

La patronal agraria trasladará el documento a los diferentes grupos políticos que se presentan a las próximas elecciones al Parlamento andaluz

JOSÉ ESTEBAN RUIZALMERÍA

La Asociación de Jóvenes Agricultores plasmó en un documento hasta 18 medidas que precisa urgentemente la actividad agrícola y ganadera de Andalucía, con la aportación de las delegaciones de la patronal agraria que actúan en cada una de las provincias. El objetivo de esta iniciativa es presentársela a todos los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones al Parlamento andaluz que se celebrarán el 2 de diciembre.

En lo que a Almería se refiere, explicó Adoración Blanque, secretaria general de Asaja Almería, y aunque todas las medidas conllevan interés para los profesionales almerienses, destacan algunas de ellas, tales como las que se refieren a la Política Agraria Común, el Programa de Desarrollo Rural, la gestión de crisis de mercados, así como el control de productos de terceros países y lo referente a infraestructuras hídricas.

«Sobre el PDR solicitamos que en la próxima legislatura se ponga atención en una aplicación adecuada y lógica para cada uno de los territorios», dijo Blanque. No en vano, el campo necesita, a su juicio, «maximizar las ayudas que llegan a los jóvenes, para su incorporación, a la vez que poner en marcha los incentivos a la jubilación anticipada. Ambas son fundamentales para fomentar el relevo generacional en la actividad agraria», explicó la secretaria general de Asaja Almería.

Además, en relación a estas ayudas mencionadas, y al resto que integran el PDR, la patronal exige una mayor agilización en los trámites. «No es lógico que se demoren tres, cuatro y hasta cinco años, tiempo que pasa desde que el productor pone en marcha el proyecto para el que solicita la ayuda hasta que la cobra». Además, pide simplificación de la burocracia, también para los trámites de la solicitud de las ayudas directas de la Política Agraria Común. A su vez, sobre la PAC, esperan una defensa del presupuesto para el próximo periodo.

En materia de controles a los productos de terceros países, la organización, dentro de las competencias de la comunidad autónoma, exige una mayor atención, tanto en volúmenes como en sanidad vegetal de los productos que llegan a Europa, para evitar que se incumplan los cupos establecidos en el acuerdo bilateral vigente del país de origen y la Unión Europea.

Asaja entiende que es necesario dotar de mayor protección a los agricultores y ganaderos que constituyen el eslabón más débil de la cadena, por lo que pide medidas eficaces de gestión de los mercados, un marco jurídico europeo sobre competencia y cadena alimentaria y mecanismos que aporten transparencia a las operaciones comerciales.

La organización, por otra parte, demanda una política hidráulica que de estabilidad y cohesión al territorio. «El agua es sinónimo de riqueza, debemos tener esta riqueza garantizada, sin hacer de la misma un uso partidista. El regadío con solo el 25% de la superficie agraria útil de Andalucía representa un 67% de la renta agraria, y genera el 63% del empleo agrario, por lo que es de vital importancia acometer la modernización de todos los regadíos e incrementar la superficie de riego allá donde sea posible así como la capacidad de embalses y trasvases».

La reducción de los costes energéticos en el regadío debe ser una prioridad. Desde la desaparición de las tarifas eléctricas de riego hace diez años el aumento de los costes en este periodo ha sido del 1.000%. Por lo que muchos de los regadíos modernizados no resultan económicamente viables.

En la presentación que hizo la organización de este documento, estuvieron presentes el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, y el director general, Vicente Pérez. En ella hablaron también del resto de medidas, en las que figuran, entre otras, el impulso de la promoción agroalimentaria; una política laboral específica para el sector agrario que adecue la normativa de prevención de riesgos laborales a la realidad y peculiaridades del sector agrario; o en materia fiscal, a seguir avanzando en la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía para corregir aquellos aspectos que dificultan el relevo generacional.

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