El exalcalde de Oria defiende que los contratos adjudicados bajo su gestión cumplían la legalidad

Así lo ha manifestado durante su declaración en la vista pública celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, donde ha declinado responder a las preguntas del Ministerio Público y la acusación particular, ejercida por el propio Ayuntamiento de Oria, y sí ha contestado a las preguntas del abogado de su defensa, a quien ha especificado que el grueso de las contrataciones se correspondía a convenios y subvenciones procedentes de los diferentes planes y programas impulsados por la Junta de Andalucía y ejecutados mediante acuerdos con la Diputación Provincial.

El exregidor, quien enfrenta diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, ha ahondado, uno por uno, en los expedientes de contratación en los que intervino entre 2007 y 2011. Así, en el caso de la contratación de tres personas para las obras de adaptación de una vivienda a alojamiento rural en el marco del plan Proteja, el exprimer edil ha asegurado que se contrató "en base a los requisitos" y con una "justificación" del convenio rubricado con la Diputación.

Asimismo, ha asegurado que el secretario municipal certificó los expedientes que fueron objeto de contrato para poder efectuar los distintos pagos, de los que también se dio cuenta, cuando procedía, a la Seguridad Social mediante los documentos que demostraban las cotizaciones.

El exalcalde también ha narrado que en otros casos, como fue la dotación de personal para un plan de prevención del absentismo escolar, se contó con un "equipo de selección" encargado de proponer al trabajador que debía desempeñar un puesto de monitora a partir de un convenio que se siguió entre 2009 y 2011.

Con ello, ha narrado mediante la confirmación de las preguntas de su abogado que hubo años en los que se dieron incluso dificultades para encontrar aspirantes a monitores de dinamización cultural que, en otras ediciones, se habían adjudicado a jóvenes del pueblo. No obstante, siempre se contó con trabajadores que previamente habían "presentado solicitudes" y para cuyo desempeño de los puestos de trabajo había consignación presupuestaria, según ha defendido.

El exregidor ha avanzado así en sus declaraciones, para lo que ha podido consultar la documentación que obra en el procedimiento, aunque sin responder a las preguntas de la Fiscalía, que ha dejado constancia de su interés en aclarar la presunta ausencia de base de convocatorias en la contratación de personal, entre otras cuestiones.

Rechazo de una "profusa prueba documental"

Pérez se ha remitido asimismo en varias ocasiones a distintos documentos que no obran en autos y que la defensa ha presentado previo acto de juicio para que se incluyeran y se tuvieran en cuenta por las partes, cuestión que ha sido rechazada por la Fiscalía y la acusación particular, así como "de pleno" por la propia Sala a posteriori, al entender que "profusa prueba documental" --de varios tomos-- debía haberse aportado con el escrito de defensa, o al menos, "en los largos nueve meses" que se dieron desde la confección de los escritos de acusación y defensa, según ha destacado el presidente.

Con ello, la Sala ha destacado la aportación de la cantidad de prueba documental que ha tratado de aportar, en parte en papel y también a través de un pen drive que quería hacer llegar a la Fiscalía y la acusación, carecía de "razones objetivas", toda vez que le ha reprochado que se "hurtara" material probatorio al resto de partes hasta el día de juicio, ya que esto suponía "una grave afectación al principio de igualdad de las partes".

Asimismo, en las cuestiones previas a la vista oral, también han quedado rechazadas las peticiones de la defensa, que interesaba que las actuaciones se retrotrajeran a antes de la emisión del auto de procedimiento abreviado o, en su defecto, al auto de apertura de juicio oral, puesto que el tribunal ha considerado que la "sorpresiva" introducción de nuevo material probatorio no ha quedado justificada en relación a los hechos que matizaría; una cuestión por la que el letrado ha formulado su queja.

Cabe recordar que la Fiscalía solicita para Pérez diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por la supuesta comisión de diferentes delitos por la contratación de personal público sin un proceso de selección y, en nueve de los 46 casos, sin formalizar un contrato laboral y dar de alta en la Seguridad Social así como por contratar parte de la obra de la guardería infantil, del pabellón deportivo y de un espacio escénico "de forma directa y verbal".

El Ministerio Público sostiene que estas acciones llevadas a cabo durante la gestión de Pérez, se generó un deuda a 25 proveedores del Ayuntamiento que, en junio de 2014, ascendía a 388.740 euros para los que no existía consignación presupuestaria ni expediente administrativo.