Impulsan un nuevo informe para llevar agua solo a cinco pueblos del Campo de Tabernas

Vista del Campo de Tabernas, al que se pretende abastecer de agua con esta infraestructura./
Vista del Campo de Tabernas, al que se pretende abastecer de agua con esta infraestructura.

Diputación y regantes firman con Acuamed este texto por 600.000 euros y así relevar otro de 2009, que aspiraba a conectar 15 localidades

JAVIER GARCÍA MARTÍN

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo y el representante de la comunidad de regantes Filabres-Alhamilla, Juan Callejón, firmaron ayer un convenio para el estudio del abastecimiento y regadío en el Campo de Tabernas a través de una conexión con la desaladora de Carboneras a nivel de la Venta del Pobre (Níjar).

La iniciativa, que tendrá un coste de 600.000 euros, según lo revelado ayer, persigue definir «en detalle» las infraestructuras necesarias en materia de abastecimiento urbano y riego para esta zona de la provincia de Almería, afectada tradicionalmente por la escasez de agua.

Amat aseguró que el estudio estará terminado en menos de dos meses y que se hace para tener «la documentación firme para saber hasta dónde podemos llegar». A la presentación, además de representantes municipales de los cinco municipios del Campo de Tabernas a los que afectaría esta infraestructura de llevarse a término -Sorbas, Uleila del Campo, Lucainena de las Torres, Turrillas y Tabernas-, asistieron los diputados nacionales Rafael Hernando y Juan José Matarí en un intento por escenificar solemnidad en el acto.

Según los cálculos de la Diputación, el total de beneficiarios ascenderá a 8.102 personas, con un caudal disponible de 0,84 hectómetros cúbicos toda vez que se decrete la viabilidad de las obras hidráulicas. En función de lo previsto, estas incluirán una tubería de 45 kilómetros entre los dos extremos mencionados con sus respectivos ramales para transportar el agua desalada y que facultarán en lo referente al regadío un caudal de 7,16 hectómetros cúbicos para las 5.000 hectáreas asentadas en esas poblaciones.

Por su parte, el director general de Acuamed pormenorizó que, además del mencionado entramado de conducción por la comarca, el estudio evaluará la instalación de dos balsas, una en la Venta del Pobre junto a las existentes y con su estación de bombeo y otra de regulación en el Campo de Tabernas.

Unas obras ya estudiadas

El estudio tendrá que determinar del mismo modo el precio del que contará el agua desalada, defendida por Mateo toda vez que exista apoyo económico. «La desaladora de Carboneras actualmente funciona a una capacidad del 70%», ilustró.

Según ha sabido este periódico, el convenio establece que la Diputación abonará un 10% del coste de este informe, esto es, 60.000 euros, y alrededor del 25% de las obras en función de lo que determine el estudio. El presidente provincial aseguró que los trabajos pueden llegar a costar 40 millones de euros.

El informe firmado ayer viene a sustituir uno emitido en 2009 con un objetivo similar, aunque más ambicioso, con una inversión total de 60,5 millones y tres años de obras a contar desde 2011. Ese año, Acuamed dio su visto bueno a la construcción en la misma zona de una infraestructura para paliar la «problemática de déficit futuro de suministros hídricos».

A los cinco pueblos mencionados, se sumaban Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Gérgal, Lubrín, Olula de Castro, Senés, Tahal y Velefique como beneficiarios. Estas obras pretendían bombear agua desde la desaladora de Carboneras hasta el paraje de La Soledad, en Turrillas, lugar desde el que el informe contemplaba separar los caudales destinados a los de riego -para lo que hacía falta una nueva balsa- de los de abastecimiento -para lo que se pedía una estación de tratamiento-. Según fuentes de la Diputación, ese informe estaba «sobredimensionado» al tratarse de unos trabajos «ejecutables pero no viables en materia de mantenimiento».

Sin embargo, el estudio sí afirmaba que las obras eran viables «desde los puntos de vista, económico, técnico, social y ambiental». Para su aprobación, eso sí, el Estado solicitaba a cambio un acuerdo con «usuarios o municipios» para que se responsabilizaran de los costes de «explotación, mantenimiento y conservación» (de más de 105 millones de euros) a través de unas tarifas para «la recuperación total de los costes de generación de agua». El actual texto, por lo tanto, vendría a «redefinir» el primero, informaron las mismas fuentes.