Un juez propone juzgar con jurado popular al exalcalde y candidato del PSOE en Oria por malversación

En concreto, le atribuye haber recibido presuntamente 9.500 euros en concepto de fianza por el exconcesionario del bar de la piscina municipal que no constarían registrados en la contabilidad del Ayuntamiento.

El auto, de fecha 5 de mayo, acuerda continuar el procedimiento contra Pérez por los trámites de la Ley del Jurado ya que, según recoge, los hechos se enmarcarían en el tipo de delitos contra la administración pública y, por tanto, son "susceptibles" de ser calificados, bien como malversación de caudales públicos, bien, alternativamente, como un delito de fraudes y de exacciones ilegales.

El juez Luis Rodríguez Casero indica, asimismo, que a la vista de lo investigado, el Ayuntamiento de Oria "podría ser declarado responsable civil subsidiario", según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La defensa del candidato socialista ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación a la Audiencia en el que solicita que se acuerde el archivo y sobreseimiento de la causa o que se dicte una nueva resolución ordenando la continuación de las diligencias previas "hasta el completo esclarecimiento de las circunstancias a que se refiere la presente causa".

El escrito apunta que el auto del juzgado instructor está "ausente de concreción fáctica" y subraya que esta puede deberse a la "aparente inexistencia de indicios de criminalidad" en los hechos recogidos en la denuncia del Consistorio que "dice que un señor le ha reclamado la devolución de una suma que dice haber entregado al encausado en concepto de fianza, de la que se desconoce entrada en el Ayuntamiento".

En concreto, argumenta que la declaración prestada en sede judicial por el reclamante "no ha podido ser más contradictoria y enervante" y critica que no se llamase a declarar "a la única testigo de cuyo nombre se acordaba" y que, según dijo, habría presenciado "cómo le daba ese dinero" al entonces regidor. Al tiempo, alega que habría reconocido "enemistad" con él "porque le había parado unas obras de una promoción urbanística ilegal".

La defensa cuestiona, asimismo, la "autenticidad" del recibo aportado a la causa en el que figuraría la firma de Pérez y la cuantía percibida en concepto de fianza, y de la pericial que lo avala como prueba de cargo, que tilda de "insuficiente".

"Carece de todo estudio de documentoscopia, todavía se desconoce si la firma que aparece fue manuscrita, o insertada por medio de fotocomposición o escáner ya que se trata de un mero análisis grafológico bastante pobre desde el punto de vista técnico y que toma como elementos indubitados de cotejo documentos aportados por la propia parte denunciante, es decir, documentos absolutamente parciales", critica para calificarlo como "error pericial".

Lamenta, por último, que no se practicase la diligencia solicitada para que fuera la Sección de Documentoscopia del Servicio de Técnica Policial de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía la que hiciese el análisis y concluye que el procedimiento es una "mera investigación prospectiva" contra el exalcalde.

Contrató presuntamente 'a dedo' a 46 personas y varias obras

Pérez también se enfrenta en otro procedimiento penal por su gestión entre 2007 y 2011 a una petición fiscal de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público acusado de contratar en su mandato de 2007 a 2011 a 46 personas "sin proceso selectivo alguno" y "en un número superior al autorizado" conforme a los presupuestos.

El Ministerio Público afirma que, en nueve de los casos, "no solo no existió procedimiento de contratación alguno, sino que ni siquiera fueron dados de alta en la Seguridad Social ni se formalizó en forma un contrato laboral".

El escrito de acusación, consultado por Europa Press, le atribuye además el haber contratado "de forma directa y verbal" parte de la obra de la guardería infantil por un importe de 400.000 euros, y tres proyectos técnicos por un montante global de casi 127.000 euros.

Sostiene que, como consecuencia de estos actos y "de otras actuaciones realizadas por el Ayuntamiento a instancia" de José Pérez "se generó en esos años una deuda a 25 proveedores del Ayuntamiento que, en junio de 2014, ascendía a 38.999.740 euros para los que no existía consignación presupuestaria ni expediente administrativo".

El fiscal, que solicitó en noviembre la apertura de juicio oral por un presunto delito continuado de prevaricación que aún no se ha producido, reprocha al exregidor y candidato socialista que tomase "una serie de decisiones que no documentó por escrito, contrarias además al ordenamiento jurídico, sin dictamen técnico o jurídico que avalara su actuación".

Considera que actuó "imponiendo en todas sus decisiones su libre criterio y voluntad, al margen de la idoneidad de los beneficiarios y el servicio público".