Un exedil y tres policías locales serán juzgados acusados de amañar unas oposiciones

El exconcejal socialista de Hacienda y Personal de Vélez Rubio (Almería), Diego Gea, será juzgado en enero de 2015 acusado de haber maniobrado presuntamente, junto al jefe y al subjefe de la Policía Local, para que su sobrino, quien también está imputado, pudiese acceder a una plaza en este cuerpo en 2010 "sin cumplir los requisitos legales" para ello.

A Gea, contra el que la Fiscalía no ha formulado acusación aunque su procesamiento sí fue dictado por el juzgado de instrucción al encontrar indicios racionales que habría cometido ilícito penal, se le abrió juicio oral después de que las dos acusaciones particulares personadas en la causa le atribuyan la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y de falsedad documental.

Una de estas acusaciones interesará para él en la vista oral, señalada para los días 12 y 13, penas de dos años y seis meses de cárcel, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años mientras que la otra acusación va a solicitar multa de 16 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial por cuatro años y seis meses. Ambas piden, asimismo, que abone como multa las nóminas percibidas por su sobrino hasta la fecha en la que se dicte sentencia.

La Fiscalía limita la responsabilidad penal en este caso a D.R.G.L., sobrino del exedil que cuando sucedieron los hechos ostentaba también la primera tenencia de Alcaldía, y sostiene que "consiguió el cargo de Policía Local" en junio de 2011 "a sabiendas de que carecía de los requisitos legalmente exigidos por la convocatoria" al contar con "antecedentes penales no cancelables".

Descarta, sin embargo, que, como apreció el titular del Juzgado de Instrucción de Vélez Rubio, existiese una presunta trama para favorecerlo y que, por tanto, el exedil socialista, "desde su posición de jefe directo" de los miembros del tribunal, fuese el "muñidor" de un proceso de oposición "dirigido" para que "aprobase su sobrino carnal" y se "prevaliese" de su posición "de jefe de todos" para, "influyendo en ellos, conseguir un beneficio a favor de su familiar".

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, D.R.G.L. se presentó al concurso que convocó el Ayuntamiento en marzo de 2010 y obtuvo "las mejores calificaciones", por lo que accedió al curso de carácter obligatorio que se desarrolla en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, con sede en Sevilla. El 24 de junio de 2011, "obtuvo finalmente posesión del cargo".

Gea "influyó" presuntamente "desde su posición"

El Ministerio Público indica que el acusado "sabía" que "carecía de los requisitos legalmente exigidos" en la convocatoria ya que, en 2008, había sido condenado "en firme a nueve meses de prisión por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas" y el archivo definitivo de la causa no se produjo hasta abril de 2009", cuando, según remarca, "se precisa para la cancelación de dichos antecedentes el plazo de tres años".

Por este motivo le imputa la comisión de un delito de prevaricación de funcionario público y otros comportamientos injustos e interesa que se le condene a una pena de cinco meses de multa a razón de 18 euros al día.

Por su parte, las acusaciones particulares consideran que D.R.G.L. "manipuló y falsificó el examen original, sacando al menos un folio e incorporando otro" y que aportó "una declaración jurada falsa" supuestamente para ocultar que no cumplía con los requisitos legales.

Sin embargo, en el mismo sentido en que redactó su auto de procedimiento abreviado el instructor de la causa, sí sostienen que Diego Gea "influyó" presuntamente "desde su posición" como teniente de Alcalde y concejal de Hacienda y Personal "para que los miembros de tribunal, en su totalidad funcionarios designados por el gobierno del que era parte para puestos de libre designación mejor remunerados que las plazas de su propiedad" eligieran "a su sobrino pese a su pésimo papel en el examen".

"Además facilitó el acceso al sobre cerrado bajo la custodia del secretario para que este pudiese incorporar y quitar folios del mismo", añaden.

Apuntan hacía él como el "urdidor de un proceso dirigido para que aprobase su sobrino" y le acusan de "ofrecer beneficios urbanísticos y profesionales" a dos miembros del tribunal al tiempo que remarcan que las bases del proceso de selección especifican que "no podrán formar parte de este personal de libre elección o designación política".

Jefe y subjefe de la Policía Local

En sus escritos, señalan asimismo, que uno de los agentes enjuiciados, "pendiente de ascenso a subinspector y designación como jefe de la Policía Local", determinó presuntamente "como presidente del tribunal que el pésimo examen de D.R.G.L. fuera calificado con las mejores notas" y "falsificó su propio atestado y libro registro de entrada de la policía".

Al segundo agente, las acusaciones le imputan que "supuestamente" omitió el deber de promover la persecución del posible delito que suponía la "apertura del sobre" y que habría participado "activamente en otorgar las mejores calificaciones" al "estar pendiente su ascenso a oficial, así como un expediente de regularización urbanística con el Ayuntamiento".

En sus escritos de calificación provisional, imputan a D.R.G.L. presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos mientras que a ambos policías locales, M.L.S. y J.G.G., les acusan de supuesta omisión de deber de perseguir delitos, falsedad en documento público y prevaricación.

La investigación penal se inició después de una denuncia en la que un opositor alertaba de que los folios del examen "podrían estar amañados" y aseguraba haber visto como la persona que había aprobado hacía "tachaduras" en los folios "que no estaban cuando fue a revisar el examen".